El “traje a medida” a Cataluña irrita al resto de autonomías

El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la formación del nuevo Gobierno ha resultado convulso, incluso para alguna de las CC.AA. gobernadas por el PSOE, como es el caso de Castilla-La Mancha, cuyo consejero -Juan Alfonso Ruiz- se quejó de que mientras unos tenían que conformarse “con comer el menú del día otros elegían a la carta”. De fondo se encuentra el trato privilegiado de Cataluña con una quita de la deuda presupuestada en 15.000 millones de euros. Incluso la propia consellera catalana, Natàlia Mas, se permitió no acudir a la reunión aduciendo que habían abierto una ”vía de negociación bilateral” para solventar la financiación de Cataluña con el Estado y que esa era “la vía real” para luchar por los recursos catalanes.

Probablemente por estas dudas sobre trato privilegiado a Cataluña, la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, quiso que constase en acta que no había pacto alguno. Lo explicaba Rocío Albert, la consejera madrileña: “Creo que podemos estar muy tranquilos a pesar del acuerdo que habían firmado el PSOE con los independentistas, porque dice la vicepresidenta que quiere que conste en acta que no tienen ninguna negociación bilateral”, unas palabras que no la tranquilizaban porque “es obvio que alguien no dice la verdad”.

Insatisfacción gallega

Por su parte, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tampoco salió satisfecho de la reunión y lamentó la falta de información sobre los acuerdos del PSOE y ERC en materia de financiación, y criticó que el “traje a medida” a favor de Cataluña puede “no sentarle tan bien” al resto de comunidades. Precisamente Corgos habló de la quita de deuda a esta Comunidad, indicando que el Gobierno no explicó en la reunión el criterio que se seguirá, ni cómo se calcularán las cantidades a quitar.

Con todo, el elemento más preocupante para las arcas gallegas son las medidas de lucha contra la inflación. En este sentido, los recursos de financiación para Galicia ascienden a 10.597 millones de euros frente a los 10.206 millones previstos en el proyecto de presupuestos aprobado por la Xunta. Pese a ser 392 millones de euros más, hay que tener en cuenta que, en caso de que el Gobierno central prorrogue las medidas de lucha contra la inflación, como ya avanzó, el impacto en las arcas autonómicas sería de 322 millones de euros. De este modo, la capacidad de gasto real para 2024 aumentaría solo unos 70 millones de euros.

En este clima de tensión la ministra de Economía explicaba a los consejeros que en 2024 iban a recibir los mayores recursos de su historia, 154.467,33 millones de euros. Esto supone alcanzar una cifra récord, al incrementarse un 14,86% con respecto al año 2023. Esta cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones. Esta última es una cifra que dobla la del ejercicio anterior y que se explica por el incremento de la recaudación debido a la alta inflación.

En cuanto a los objetivos de déficit, Montero señaló que quedó fijado en el 0,1%, lo que supone una décima más respecto al fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la UE. Respecto a los objetivos de deuda, las comunidades tendrán que situarse en el 21,7% del PIB en 2024, en el 21% en el 2025 y 20,3% en 2024.