Trabajo propone subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de relajación de las normas de desindexación en la contratación pública. Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Esta cuantía supone 37 euros al mes más que los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.

Pérez Rey, que ha indicado que se ha consensuado con Hacienda que el SMI no tribute tampoco en 2026, ha afirmado que los agentes sociales estudiarán ahora esta propuesta que se les ha trasladado en una reunión que ha arrancado a primera hora de este miércoles. De momento, el 'número dos' de Trabajo no ha recibido de su parte ni un sí ni un no a su propuesta.

En la reunión de hoy no se han abordado la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, según ha precisado Pérez Rey.

Lo que sí se ha tratado son las reglas de indexación en los contratos públicos, con la idea de "relajarlas" para que se puedan trasladar a los precios de los contratos públicos las subidas del SMI, una demanda histórica de la patronal, pero que también respaldan CCOO y UGT y el propio Ministerio de Trabajo.

"No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, es decir, que sectores muy importantes para la economía del país, sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada, que esas empresas tengan la capacidad de trasladar al precio de los contratos públicos algunas de las subidas laborales. Digo algunas, no en términos generales. Esto es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales de manera unánime", ha explicado Pérez Rey.

También es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido "reiteradamente" ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado contra el muro del Ministerio de Hacienda.

En esta línea, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que, en al menos dos de sus pasajes, obliga a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública.

"Por lo tanto, no es tanto un tema de oportunidad política o de oportunidad jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva que ha sido salvada casi en su integridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ningún caso se ha cuestionado esa parte que tiene que ver con la desindexación o con la traslación a los precios de la contratación pública de los salarios", ha subrayado.

Por ello, el 'número dos' de Trabajo se ha comprometido a explorar con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo "para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo", ha precisado.