La reducción de jornada se aprobará el próximo martes

La reducción de la jornada laboral es fruto del acuerdo que firmaron el pasado diciembre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, al que no se sumaron las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva. Desde hace más dos décadas ningún país de la Unión Europea redujo la jornada laboral, por lo que la aprobación en España de la reducción de la misma de 40 horas a 37,5 horas semanales representaría un “día histórico” para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados, según afirmó la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. La norma llegará al Consejo de Ministros como proyecto de ley y posteriormente se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva, para lo que el Gobierno necesita una mayoría.

La reducción a 37,5 horas beneficiará a los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos y también se aplicará en empresas que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual, que tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.

Control horario

Para la aplicación de esta iniciativa se reformulará el control de horario, de tal manera que las compañías estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible para los empleados y para la Inspección de Trabajo, que funcionará a “tiempo real”. Para ello, los trabajadores ficharán directamente al inicio y finalización de la jornada laboral y registrarán las interrupciones de la misma.

El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima, en lugar de imponer multas globales. En concreto, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

Entre los miembros de la Unión Europea, las personas con edades de 20 a 64 años empleadas trabajaban una media de 36,1 horas semanales en 2023, una cifra ligeramente inferior a las 36,4 horas de trabajo semanales en España, según los últimos datos de Eurostat. Desde una perspectiva legal, los países de la UE con jornadas laborales más largas marcadas por ley son Alemania, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda, con 48 horas semanales, según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (UE Eurofound). En la práctica, la jornada laboral semanal media en estos cuatro países fue de 34 horas, 32,2 horas, 34,3 horas y 35,5 horas, respectivamente.

Díaz: “Es la medida que más se desea en el conjunto de España”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, “la política más difícil” que ahora “va a tocar defender”. Durante su intervención en la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, aseguró que se trata de “la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten”.

Tras la aprobación por parte del Ejecutivo, pidió ahora “convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento” para convencer a todos los grupos políticos. “No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos”, subrayó. El Gobierno aprobó el 4 de febrero de 2025 el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta reducción se implementará sin que haya disminución en los salarios de los trabajadores que se mantendrán igual.

Díaz abundó en la necesidad de hacer ver al conjunto del Parlamento y de la sociedad que “trabajando menos se vive más” y con esta medida se conseguirá la “tarea sin precedentes de repartir la productividad” de las empresas “entre el conjunto de España”. Una productividad que, según sus datos, creció un 53% desde 1995 y no se repartió entre la clase trabajadora del país. “Vamos con las herramientas clave para ganar esta batalla”, dijo la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno.