El PP reclama al Gobierno un giro urgente en la automoción

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, reclamó un “giro profundo” de la política del Gobierno hacia la industria del automóvil y enmarcó la incertidumbre sobre el futuro de la marca Seat como una advertencia de “la pérdida de competitividad de una industria estratégica para España”.

Nadal trasladó el respaldo del PP a Seat, a sus trabajadores, a sus proveedores y a Martorell, pero pidió “no reducir el debate a una sola empresa”, porque la automoción española compite cada año por nuevas plataformas, modelos, baterías, centros de I+D y cadenas de suministro, y esas decisiones se toman comparando costes, infraestructuras, regulación, fiscalidad y seguridad jurídica entre países. “Seat forma parte de la historia industrial de España y queremos que forme también parte de su futuro. Pero Seat no es el único asunto: aquí nos jugamos que España siga siendo una gran potencia europea del automóvil, con fábricas, proveedores, innovación, exportaciones y empleo”, explicó el vicesecretario.

Los últimos datos obligan, a juicio del PP, a reaccionar “sin complacencia”, y comparten las cifras de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que señalan que la producción de vehículos cayó un 1,7% en el primer semestre de 2026 y las exportaciones un 3,3%. Además, el saldo comercial del conjunto de la automoción -vehículos y componentes- se redujo un 84,1%, hasta 501 millones de euros. “No estamos ante el problema de una empresa. Estamos ante una batalla industrial. España tiene talento, plantas competitivas y una cadena de proveedores extraordinaria, pero no puede dar por hecho que las inversiones del futuro van a venir solas”, subrayó.

Políticas de oferta

Para Nadal, el error de fondo fue no situar las políticas de oferta en el centro: “Una fábrica decide dónde invertir mirando el coste de la energía, la capacidad de las redes, los impuestos, la productividad, la disponibilidad de personal, la burocracia y la estabilidad de las reglas. En demasiados de esos factores el Gobierno ha añadido costes o incertidumbre en vez de reducirlos”.

El PP recuerda, que a cierre del segundo trimestre de 2026, había 17.821 puntos de recarga instalados, pero todavía no operativos, casi una cuarta parte del total instalado, y que el propio sector sigue señalando los accesos y conexiones a la red como uno de los principales cuellos de botella. Nadal señaló el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado como uno de los ejemplos más claros de los problemas de diseño y ejecución. La principal línea industrial partió con un presupuesto inicial de 2.975 millones de euros, pero la primera convocatoria terminó con 877,2 millones adjudicados.

El Tribunal de Cuentas, en su fiscalización del PERTE VEC para 2021-2023, concluyó que el diseño inicial no incorporó de forma estructurada la participación del sector privado, que los órganos de gobernanza tuvieron pocas reuniones y escasa coordinación y que la primera convocatoria se caracterizó por una elevada complejidad y resultados limitados. Al finalizar el periodo fiscalizado permanecía pendiente de conceder el 57% de las ayudas previstas, por unos 2.408 millones de euros.

El PP reconoce que las convocatorias posteriores se simplificaron y que el Ministerio de Industria elevó hasta 2.900 millones de euros las adjudicaciones acumuladas comunicadas en marzo de 2026. “Precisamente esa sucesión de convocatorias y correcciones demuestra que el instrumento tuvo que ser rediseñado sobre la marcha después de perder un tiempo decisivo en una transformación que no espera”, señaló Nadal.

Reducción de emisiones

Para el PP, la política de renovación del parque debe premiar la reducción efectiva de emisiones y la eficiencia sin convertir la subvención en una herramienta para elegir desde el BOE una única senda tecnológica. “Una ayuda que se anuncia en diciembre y no se puede solicitar hasta agosto no es una política de demanda eficaz. Y una ayuda que selecciona tecnologías desde un despacho no es neutralidad tecnológica. El incentivo tiene que ser sencillo, directo y útil para renovar el parque, no otro instrumento de ingeniería regulatoria”, desgrana.