La plantilla de la ex Faurecia Porriño, abocada al despido

Sólo un milagro podría salvar a Madera Fiber Technologies, auxiliar de la automoción instalada en As Gándaras que antiguamente se denominaba Faurecia Porriño. A día de hoy no se atisba interés alguno por mantener la actividad productiva. Así lo entiende el administrador concursal de la empresa (está en concurso de acreedores), que acaba de presentar al juzgado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda la plantilla, 102 trabajadores.

El ERE fue solicitado sin acuerdo con el comité, por lo que en estos momentos está en periodo de consultas tras el cual el Juzgado Mercantil 2 de Pontevedra, encargado del caso, resolverá, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Se abre ahora un periodo de un mes para negociar, lo que daría cierto margen también para que pudiera surgir algún potencial inversor.

No obstante, la administración concursal no se muestra muy optimista con esto y considera que no existen perspectivas a corto plazo de venta de la unidad productiva. Así lo recoge la solicitud dirigida al juzgado en la que detalla que hubo interesados en Madera Fiber, pero que mostraron propuestas raquíticas de mantenimiento de empleo, así como de instalaciones y de maquinaria, así como otros que veían una posible compra con únicamente un interés especulativo.

La memoria explicativa, a la que tuvo acceso este diario, señala que la escasísima tesorería de la empresa es un factor que justificaría sobradamente la solicitud de la extinción de contratos teniendo en cuenta que el colchón económico se está agotando tras meses con un ERTE. La administración concursal entiende que iniciar un ERE es lo más prudente y coherente para evitar seguir generando gastos que no beneficiarían al proceso concursal que apunta a que desembocará en una liquidación poniendo punto y final a Madera Fiber.

La antigua Faurecia Porriño era propiedad de Faurecia hasta que en 2022 vendió la empresa al fondo alemán Callista Private Equity. Este vendió los terrenos y cedió los activos a una compañía rumana gestionada por Rüdiger Wisser, que se declaró insolvente y solicitó el concurso de acreedores el año pasado.