La pesca pide abrir una nueva etapa en las políticas de la Unión Europea

La pesca aspira a iniciar una nueva etapa en la Unión Europea que cambie el rumbo de duras políticas restrictivas impulsadas desde Bruselas durante años que generaron un rechazo unánime en el sector y administraciones autonómicas y estatales. La reforma de la Política Pesquera Común (PPC) es el eje central de la Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la pesca, que inició ayer su undécima edición en su sede en el puerto pesquero de O Berbés, coincidiendo este año con el 60 aniversario de la Cooperativa y con el inicio de un nuevo ciclo político en la Unión Europea.

El primer panel comenzó con la intervención de la nueva presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, la española Carmen Crespo, que el gerente adjunto de ARVI, Hugo González, aseguró que es “nuestra esperanza en Europa para este mandato”. Crespo destacó la necesidad de iniciar “una nueva etapa” en la gestión del sector pesquero en Europa, basada en el “diálogo estratégico” y la cooperación entre todas las partes involucradas. Señaló que, si bien su cargo no tiene poder de decisión sobre las políticas a impulsar, su papel permitirá poner el foco en la Eurocámara en las preocupaciones del sector. En este sentido, subrayó la importancia de un enfoque equilibrado que contemple tanto la sostenibilidad ambiental como los aspectos económicos y sociales.

Crespo expresó su satisfacción por las declaraciones recientes de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre la intención de entablar este diálogo con los sectores primarios, y manifestó que es “fundamental” para los intereses de la Unión Europea. Insistió en la importancia de la unidad y la colaboración entre administraciones y el sector pesquero.

“Este es el momento clave, el sector sufrió muchísimo en los últimos años, de decisiones desde mi punto de vista erróneas que primaban una sostenibilidad que no daba oportunidades a nada más”, aseguró.

Durante su intervención, hizo un llamamiento a revisar las políticas actuales, mencionando la necesidad de adaptar la PPC para evitar una “hipocresía que está haciendo daño”. Crespo subrayó la importancia de abordar temas críticos como la obligación de desembarque, las definiciones de la flota costera y el rendimiento máximo sostenible en la próxima revisión. Además, enfatizó la necesidad de considerar las implicaciones socioeconómicas y laborales en las decisiones sobre las cuotas y los límites de captura (TAC). Asimismo, defendió la importancia de garantizar que las relaciones comerciales con terceros países no perjudiquen los intereses europeos. Indicó que estas deben incluir “cláusulas espejo” para asegurar la igualdad de condiciones y evitar la competencia desleal.

También mencionó la urgencia de simplificar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para hacerlo más accesible y útil para el sector. En cuanto al reglamento de ejecución de las 87 zonas, la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Plan de Acción, expresó preocupaciones sobre posibles impactos negativos, como el veto al arrastre, que consideró “demasiado drástico”.

Alfonso Villares ve necesario bajar el IVA a los productos del mar

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacó que el sector pesquero es clave para la soberanía alimentaria y la calidad de los alimentos. También hizo un llamamiento para reducir el IVA en los productos del mar, argumentando que esta medida fomentaría la demanda interna, aliviaría la carga económica de las familias y mejoraría la salud pública.

Incidió en que esta propuesta cuenta con el respaldo de varias instituciones europeas y académicas, incluyendo el grupo de investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais de la Universidade de Santiago.

El evento también incluyó intervenciones de Ramón de la Figuera Morales, director general de Pesca Sostenible del Gobierno, quien discutió la posición de España en la revisión de la Política Pesquera Común, y Antonio Basanta Fernández, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, quien abordó el impacto de esta política en Galicia y su flota.

Javier Touza reclama que se reconozca el papel de las sociedades mixtas

Javier Touza también intervino en calidad de presidente de la Asociación de Sociedades Mixtas (Acemix) y urgió a la integración de este tipo de entidades en la PPC. Estas sociedades, que surgieron en respuesta a la pérdida de caladeros tras la creación de las zonas económicas exclusivas en los países ribereños, han sido en su opinión marginadas de las políticas estructurales de la UE desde 2004, a pesar de su impacto socioeconómico. Touza destacó que actualmente operan más de 500 buques de origen español en más de 25 países, con un volumen de capturas que supera las 500.000 toneladas, y argumentó que estas sociedades deberían formar parte de la PPC por su contribución a la generación de empleo y riqueza tanto en la UE como en terceros países.

Touza criticó la falta de reconocimiento por parte de Bruselas, señalando la hipocresía de aceptar productos pesqueros de países con condiciones laborales cuestionables, mientras que las sociedades mixtas deben cumplir estrictas normativas europeas sin contar con un marco regulatorio específico. Además, alertó sobre la creciente dependencia de la UE de importaciones de pescado, ya que el autoabastecimiento de las especies más consumidas en Europa es inferior al 11%.

También hizo referencia al caso de Malvinas, cuyas 300.000 toneladas de pesca se descargan en Vigo y “aparte de pagar aranceles, resulta que España es el único país de la OCDE que considera a Malvinas paraíso fiscal”. Touza avanzó que impugnaron esta decisión del Gobierno.

El presidente de Acemix hizo un llamamiento a las autoridades europeas para mostrar mayor sensibilidad hacia el sector, solicitando su inclusión en la PPC, en políticas de cooperación al desarrollo, y en acuerdos comerciales con terceros países. Resaltó la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y considerar a las sociedades mixtas como operadores económicos de confianza, ya que cumplen con las normativas y buenas prácticas de la UE.