“Pataleta” sindical frente a los recortes en Castilla y León

El alza de precios, la subida de los productos más básicos de la cesta de la compra, el incremento en los precios de carburantes, la energía, la escalada en las facturas de la luz; la escasa capacidad de reacción de un Gobierno en vacaciones permanentes, sin recursos y que dispara el gasto “interno” de sus 22 ministerios y cientos de asesores...

Ni uno de los problemas que quitan el sueño a miles de familias provocaba estos meses más que tímidas reacciones de sindicatos preocupados en no apartarse del camino “cómplice” del Ejecutivo. Ninguna de las centrales autodefinidas “mayoritarias” lo hacía en la misma medida en la que CCOO y UGT reaccionaban airadamente contra el recorte de subvenciones que el pasado mes de junio anunciaba el Gobierno en coalición del PP y Vox en Castilla y León, un recorte del 50% a los agentes sociales, que el vicepresidente del Ejecutivo, Juan García-Gallardo, cifró entonces en más de 20 millones de euros. Se trata, según argumentaba, de poner freno al gasto público “vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales”, así como “la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten destino y utilidad para los ciudadanos”. El reto de la Junta pasaba y aún pasa por reducir a la mitad estas sumas, según Gallardo, derivando como dijo tal ahorro a “actuaciones sociales”. El objetivo -señaló- es “que no se compre la paz social con el dinero de los contribuyentes”.

Tanto Comisiones Obreras como UGT anunciaban entonces, con carácter “urgente” y en una indignada rueda de prensa de sus dirigentes en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, que acudirán a las instituciones europeas para denunciar ese pretendido recorte de hasta el 50% de sus subvenciones en la comunidad. “No vamos a hacer movilizaciones -decían iracundos-, pero sí vamos a hacer actuaciones”, argumentaba el dirigente de Comisiones Vicente Andrés, añadiendo que los sindicatos “iremos a las instituciones europeas a contar lo que estos salvajes están haciendo en Castilla y León”.

“De movilizaciones ya hablaremos cuando nosotros queramos”, decía aún más alterado en respuesta a un Santiago Abascal que días antes aseguraba ya estaban convocadas como respuesta al “salvaje” recorte en sus prebendas. “Vamos a ir a los centros de trabajo a explicar cómo es esta gente”, zanjaba, añadiendo que “iremos a los tribunales si es necesario”.

CCOO y UGT solicitaban además al presidente Fernández Mañueco “la convocatoria inmediata del Consejo de Diálogo Social”, foro en el que pretendían debatir y, sobre todo, rebatir la polémica medida de los socios del pacto de Gobierno con los populares castellanoleoneses. Junta, sindicatos y patronal se reunieron en julio después de casi siete meses, explicando tras la cita el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), que seguía en el ánimo de la Junta y de su cartera continuar con el plan de recorte.

Por la parte sindical, nuevamente “ruptura total de los acuerdos” y amenazas de que las centrales están “preparadas” para judicializar el proceso abierto.

17 MILLONES EN “AYUDAS”

Viven las fuerzas sindicales, y no solo los de esta comunidad gobernada por los socios de derecha, acomodados en una representatividad subvencionada con carácter y proporción anual. El Ministerio de Trabajo y Economía Social de la gallega Yolanda Díaz repartirá más 17 millones de euros en subvenciones entre sindicatos en este 2022, tal y como aprobaba el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo. Este total supone un aumento de hasta un 22,4% en comparación con lo asignado en 2021, cuando los fondos ascendieron a 13,88 millones de euros, y superando de igual forma los 15,8 millones de euros que se destinaron a esta asignación en el año 2010. Entre 2013 y 2020 las ayudas a los sindicatos estuvieron “congeladas” en una cantidad cercana a los 8,88 millones de euros anuales según los datos del Ministerio de Trabajo y el BOE. Durante ese periodo fue ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez (PP) en el Gobierno de Rajoy.

EL ESPERADO AUMENTO

Las cuantías no aumentaron hasta 2021, cuando el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó su primer presupuesto y asignó a estas organizaciones ayudas por valor de 13,88 millones ahora considerablemente aumentadas.

En 2021, según las mismas fuentes, Trabajo y Economía Social repartió las subvenciones entre 162 sindicatos, siendo 10 los beneficiarios de cerca del 95% del total -13 millones-. Encabeza la lista CCOO, con 5,28 millones, seguido de UGT con 4,7 millones de euros.