Material y mano de obra suben los costes para la construcción

Los costes directos de construcción en edificación residencial volvieron a subir un 4,2% en 2024 tras la ligera caída del 0,9% registrada el año anterior, lo que supone acumular una subida cercana al 40% desde el año 2020. Así lo reflejó el Índice de Costes Directos de Construcción de la ACR, empresa especializada en la construcción industrializada, que sitúa en 175,86 puntos el índice del año pasado, frente a los 168,78 puntos de 2023 o los 126,99 en 2020, ejercicio tras el cual comenzaron a subir los costes por la recuperación pospandemia, la crisis de suministros y, posteriormente, la guerra en Ucrania.

El director general de ACR, Guillermo Jiménez, explicó que detrás de la última subida está el coste de la mano de obra, que sigue creciendo por la escasez de profesionales cualificados y el aumento de la demanda de personal -debido al incremento de nuevas obras iniciadas-, así como el encarecimiento de materiales clave como el hormigón, el acero corrugado y morteros de cemento.

De esta forma, el índice retoma la senda alcista que caracterizó la última década, interrumpida únicamente por la crisis sanitaria de 2020, cuando se registró una caída del 2,4%. Tras la fuerte escalada de precios entre 2021 y 2022, con incrementos del 19% y 12,7%, respectivamente, la tendencia se moderó en 2023 (-0,9%) y en 2024 volvió a crecer. La partida que más cayó en 2024 fue Impermeabilización y cubiertas (-9,6%), seguida de Vidriería (-9,2%) y Divisiones interiores (-6,9%). En contraste, los precios de aparatos sanitarios y grifería (+4,7%) y carpintería exterior (+4,4%) fueron los que más subieron.

Tendencia ascendente

ACR prevé que la tendencia ascendente de los costes de construcción se prolongue durante los próximos meses, ya que los precios de las materias primas continuarán subiendo, eso sin tener en cuenta la posible repercusión de las incertidumbres del panorama geopolítico internacional. Asimismo, se espera el arranque de nuevos proyectos, lo que agravará las tensiones de disponibilidad de personal en ciertas actividades y en los medios necesarios para la ejecución de obras. En este sentido, Guillermo Jiménez indica que la escasez de profesionales no solo tira al alza de los costes, sino que ralentiza la construcción de viviendas, en un momento en el que la curva demográfica genera una brecha cada vez mayor entre la oferta y demanda, agravando el problema social de acceso a la vivienda en España.

Por ello, apunta a la necesidad de incrementar el peso de nuevos proyectos en versión industrializada, que contribuyan a aumentar el número total de unidades ejecutadas al año, al ser entre un 25% y un 30% más rápido y requerir entre un 50% y un 70% menos de personal trabajando in situ. El Índice de Costes Directos de Construcción de ACR se realiza tomando como referencia los precios de los materiales de construcción, de su elaboración y de la mano de obra necesaria para su instalación, importes que, en conjunto, representan el coste directo de construcción, que supone, aproximadamente, el 80% del importe total de una obra.

La vivienda protegida crece un 62% en 2024, hasta 14.371 pisos

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida aumentó un 62% en 2024 respecto al año anterior, hasta las 14.371 unidades, el valor más alto desde el año 2014, cuando se calificaron 15.046 viviendas de protección oficial (VPO), según datos del Ministerio de Vivienda. Solo en diciembre se calificaron 2.184 viviendas, casi tres veces más que en diciembre de 2023, cuando 830 viviendas fueron calificadas como protegidas. En cambio, cayeron un 22% respecto al mes anterior.

A pesar del incremento de 2024, las VPO continúan un 79% por debajo de 2008, en pleno “boom inmobiliario”, cuando se calificaron 68.587 viviendas. Por territorios, la Comunidad de Madrid fue donde más viviendas de protección oficial se registraron, con 6.689 inmuebles protegidos. Le sigue País Vasco (1.956) y Cataluña (1.893). Destacan los casos de la Región de Murcia, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, donde no se calificó ninguna VPO en 2024.

Por tipo de promotores, el 73,9% del total de VPO (10.622) fueron de promotores privados, mientras que 26,1% (3.749) fueron promovidas por entidades públicas (ya sea a través de planes autonómicos o estatales). Respecto a 2023, esto supone un incremento del 61,6% y 64,7%, respectivamente. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que la metodología de esta estadística no recoge en su conceptualización de vivienda protegida la totalidad de viviendas públicas, como por ejemplo las viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).