Más de 5.000 pequeños negocios en Vigo, al borde de la jubilación sin relevo

La jubilación silenciosa de miles de pequeños empresarios y autónomos amenaza con convertirse en uno de los mayores retos económicos y sociales de la próxima década. En España son 600.000 los autónomos que ya pasan de los 63 años, en Galicia son 36.000, en la provincia de Pontevedra están por encima de los 17.000 y en Vigo más de 5.000, según los datos de la organización UPTA. La mayoría no encuentra relevo y las administraciones han empezado a trabajar: el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una futura ley para favorecer que los trabajadores puedan asumir la propiedad de las pymes cuando no exista sucesión familiar, la Xunta tiene en marcha el Bono Remuda.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, muestra su preocupación por la “situación muy preocupante” del pequeño comercio, el comercio de barrio, las pequeñas actividades de servicios, que ya están en una situación comprometida “porque les falta un impulso de modernidad para poder ser competitivos”, a lo que ahora se suma “que se cerrarán actividades económicas que son rentables, que tienen viabilidad, que tienen un buen posicionamiento. Ahí ya no sólo es preocupante, sino que es desesperante, después de todo lo que se ha invertido por parte de la administración, por parte de la persona que ha llevado ese negocio, y que se va a jubilar y ese negocio desaparece".

Se refiere en concreto a negocios de servicios de oficios, como fontanería, electricidad, calefacción, albañilería o servicios de reparación. Se trata de “autónomos que no suelen tener asalariados o que tienen como mucho uno o dos asalariados, que también forman parte del eje fundamental de la prestación de servicios a personas”.

Preocupación que se vuelve intensa en los entornos de pequeñas villas o el rural, donde estos cierres pueden llevar “a que muchas personas acaben marchando de esas poblaciones, de esos pequeños núcleos urbanos, porque no tienen servicios. La preocupación es económica, pero también social”, explica Abad.

Para el presidente de UPTA es urgente que se tomen medidas y las que están en marcha se intensifiquen.

La Xunta tiene en marcha el Bono Remuda, destinado a fomentar la transmisión de negocios económicamente viables y garantizar su continuidad. La iniciativa se estructura en dos líneas diferenciadas. Por una parte, el Bono Remuda Rural, destinado a negocios situados en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, que subvenciona hasta el 75% del precio del contrato de relevo. Por otra, el Bono Remuda Xeral, dirigido a municipios de mayor población, que cubre hasta el 70% del coste. En ambos casos, la cuantía máxima de la ayuda se sitúa con carácter general en 30.000 euros, con determinadas excepciones.

En el caso del Gobierno Central, el Ministerio de Trabajo tiene, en fase embrionaria, una ley para que los trabajadores de pymes puedan asumir la propiedad, cuando no hay relevo. La propuesta incluye incentivos fiscales, apoyo financiero y la creación de fondos ciudadanos con participación estatal y autonómica, con el objetivo de evitar los cierres, proteger el empleo y frenar la venta a capital extranjero. En España el problema es más grave en comparación con Europa, por el elevado peso de la empresa familiar.

“Tiene que haber una estrategia para que el relevo generacional sea un objetivo político”

Desde la organización UPTA reclaman a las distintas administraciones “una estrategia” para favorecer el relevo generacional. “Primero, lógicamente, pedimos una estrategia en la ciudad, en Vigo, también en Galicia y un acuerdo estatal, para que el relevo generacional sea uno de los principales objetivos políticos y que permita cambiar la situación, porque vamos a tener un elemento que va a perjudicar a la economía de una forma irreversible”, subraya

Abad apunta además que la inmigración va a tener un papel relevante. “La inmigración va a tener un papel fundamental para que seamos capaces de aliviar la situación que se producirá con el hecho del relevo generacional y el envejecimiento poblacional que tenemos en estos momentos”, asegura.

Otro de los elementos que apunta como herramienta de solución es la formación profesional. Reclaman desde la organización UPTA que “las prácticas se hagan precisamente con autónomos. Primero, porque lo que pretendemos es que el autónomo trasvase todo el conocimiento, pero también el negocio a una persona que esté trabajando con él, un alumno en prácticas o bien a través de un sistema de contratos de aprendizaje o contratos que estén vinculados a cualificar a personas inmigrantes para que puedan continuar con esa actividad económica”, explica.

Así que ve que el momento histórico es clave “para que las administraciones pongan todo su esfuerzo para poder resolver una situación que se nos antoja irreversible si no se actúa de forma rápida”, concluye el presidente de UPTA.