El día a día en el SAF: ‘Las humillaciones son constantes’

Insultos, humillaciones y agresiones son el pan de cada día de muchas trabajadoras que forman parte del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Estas mujeres, que trabajan en condiciones precarias, acuden a domicilios particulares en los que saben que entran, pero nunca “si van a salir”, tal y como le pasó a Teresa de Jesús González, trabajadora del SAF de O Porriño asesinada en la mañana del martes en una de las viviendas de Atios donde prestaba sus servicios.

“Nosotras vivimos situaciones de todo tipo. Faltas de respeto a diario, insultos, humillaciones… No es que sea en todos los servicios, pero sí en un número muy elevado de casos. En todas las plantillas de todos los SAF un porcentaje que sufre acoso en su trabajo y, en concreto, el sexual es el más habitual”, explica Chus Fernández, empleada del SAF en el Concello de Mos con la empresa Serveo, quien detalla que, normalmente, “la problemática suele venir de familiares del usuario, solo en un 1% de los casos son ellos quienes provocan estos conflictos”.

Chus asegura que toda esta problemática proviene de que los usuarios y sus familiares no tienen claras las funciones que desempeñan las trabajadoras del SAF. “Que no sean claros desde las administraciones sobre las labores que desempeñamos da lugar a interpretaciones. Aunque existe un plan de trabajo al que la trabajadora, usuario y miembros de la familia pueden ceñirse, ese documento, en muchísimas ocasiones, no llega como debería a la auxiliar. Por ese motivo no tienen claro qué funciones deben realizar en el domicilio y eso da lugar a todo tipo de abusos por parte de la otra parte, donde la familia pretende que la trabajadora reemplace la responsabilidad de ellos con el paciente”, afirma.

Además, Fernández pone el foco en que “la excepción son los servicios normales” y no es capaz de comprender cómo desde las administraciones no se advierte de los servicios “más complicados”. “En la dependencia no debería entrar todo, como si fuera un cajón de sastre. No se puede gestionar así. No puedes poner a una persona con formación sociosanitaria a gestionar a un usuario con crisis o brotes de esquizofrenia, yendo a ciegas porque, por la ley de protección de datos, no te informan de esa situación con antelación. No soy capaz de entender eso. Estamos solas atendiendo ese servicio, pero estamos atadas de pies y manos”, sentencia.

Por su parte, Carmen Villar, trabajadora del SAF de Pontevedra desde hace 17 años, duda de la efectividad de los protocolos. “Los protocolos existen, pero el problema es que a la hora de llevarlos a la práctica no aparecen. Lo que le pasó a Teresa quiere decir que, siguiendo el procedimiento habitual, te matan antes. Primero hay que abrir el protocolo de acoso y, una vez abierto, las medidas tienen que darse. Eso no se hace nunca. La suspensión del servicio nunca lo hacen porque al ser un servicio público lo decide la Xunta y la Consellería responsable te dice que no”, expresa Villar.

Al igual que su compañera, Carmen cree que toda auxiliar con experiencia en el sector ha sufrido algún tipo de acoso a lo largo de su carrera profesional, ya sea físico o psíquico. “Que si eres de color, que si tu religión o eres de fuera del país y tienes otro acento… Es xenofobia, acoso psicológico y racial y, como no existe una evaluación del puesto de trabajo ocurren desgracias como la de Teresa”, afirma.

Además, Carmen reitera, al igual que Chus, que las trabajadoras del SAF llevan años desprotegidas. “Llevamos desprotegidas desde que se creó este servicio. Nadie sabe lo que ocurre dentro de un domicilio y, al igual que pasa con el maltrato de una mujer, nadie sabe lo que ocurre con una asistente, porque el domicilio es privado e inviolable. Eso hace que no haya inspecciones para velar por nuestra seguridad”, expone Carmen, que también añade que “a este nivel de violencia no habíamos llegado, aunque fue la crónica de una muerte anunciada, todas sabíamos que esto pasaría un día”.

En el SAF de Redondela también se han vivido este tipo de situaciones. “En todos los domicilios hay sucesos que llevan a un maltrato físico o psíquico de la trabajadora porque vamos a cuidar de una persona dependiente que tiene un entorno familiar que nadie evalúa. No sabes si el marido, primo o hijo tienen algún problema que pueda ocasionar acoso a las auxiliares”, corrobora Lucía Piñeiro, auxiliar del servicio redondelano.

“No tenemos ninguna información del entorno o la persona que vamos a cuidar y si tengo un problema y me quiero retirar, la empresa lo que hace es poner a otra auxiliar sin informarla. Eso es lo que sucede. Estamos completamente abandonadas a lo que pueda suceder. Esto sucede porque somos un sector precario en el que el 95% somos mujeres que vivimos al límite con un sueldo de 800 euros y nos tenemos que callar. La mayoría son extranjeras y por 700 euros apechugan con todo lo que venga y se callan la boca para no perder el trabajo”, explica Lucía al consultarle sobre la resiliencia de muchas trabajadoras.

Sobre las declaraciones de la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien animó a las trabajadoras con problemas a denunciar su situación, Piñeiro se muestra reticiente. “No veo factible lo de la denuncia porque ya una interna a la empresa no llega a los servicios sociales. ¿Quién va a ir a la Guardia Civil o la Policía? Ninguna trabajadora, porque la respuesta de la empresa es que hay que hacer el trabajo y, sin ese servicio, llega menos dinero a la nómina. Somos comida para leones porque vamos a lo que toque”, sentencia.

Concentraciones para exigir que se garantice la seguridad

Sindicatos, como UGT o CIG, han convocado concentraciones como símbolo de repulsa por la muerte de Teresa y para exigir medidas que vigilen y garanticen la seguridad de las trabajadoras en los domicilios. La primera, convocada por UGT, será hoy en Vigo, frente a la sede de la Xunta en Vigo entre las 12:00 y las 12:45 horas. También habrá otra, de la CIG, a las 12:00 horas delante de todos los concellos. El mismo sindicato convoca una jornada huelga en todos los Servizos de Axuda no Fogar de Galicia.

Por su parte, desde el BNG, han solicitado al área de Igualdad de la Diputación que inste a las empresas del SAF, a los concellos y a la Xunta a suspender los servicios de forma cautelas cuando se detecten casos de acoso. Esta petición fue presentada por deputada Manuela Rodríguez tras el minuto de silencio celebrado en el Pleno provincial.