El número de personas que solicita protección internacional en Vigo y la provincia tras huir de sus países de origen por sentirse perseguidos o en peligro sigue en aumento. Al excepcional movimiento de ciudadanos ucranianos tras estallar la guerra, se suman las peticiones diarias de residentes de otros países que buscan refugio en España.
La última estadística del Ministerio de Interior, cerrada el 31 de marzo, refleja que la cifra de solicitudes desde enero en la provincia llegó a 566, de las que unas 215 se habrían presentado en Vigo, lo que supone una media de dos peticiones al día. La mayor parte, procedente de ciudadanos de Venezuela, Colombia y Perú.
Sin embargo, no todas las solicitudes son aprobadas. Tienen que demostrar que los temores de persecución por los que abandonaron su país son fundados y lo suficientemente graves como para que supongan una violación de los derechos humanos. Que dicha persecución está relacionada con motivos de raza, religión, nacionalidad o condición y que lleven aparejados actos violentos tanto físicos como sexuales o psicólogicos, entre otros requisitos.
Detrás de ese proceso burocrático se esconden historias trágicas, como la de una madre y sus dos hijos menores, recién llegados a Vigo y cuyo SOS desesperado ha empapelado la ciudad en los últimos días, en una iniciativa de su propio ‘casero eventual’.
“Caso humanitario: una madre y sus hijos buscan a una persona solidaria que pueda alojarlos”. Tras este mensaje, escrito a bolígrafo, y colocado en trozos de papel por las calles de Vigo está una mujer joven, que salió de su país por las amenazas de su exmarido, y que al llegar a la ciudad se ha visto sola, con dos menores a su cargo y desprotegida, pues la persona que le había ofrecido ayuda, una amiga, y le animó a cruzar el charco le dio la espalda, nada más llegar.
Atemorizada por verse demasiado expuesta, accedió a contar su historia a este periódico pero sin identificarse ni dar pistas si quiera del lugar del que procede, un país de Latinoamérica.
Después de pensarlo mucho, ahorrar algo de dinero, comprar los billetes, lograr el consentimiento para que sus hijos viajaran con ella, gracias a la intermediación de su familia alegando que solo era una visita, aterrizó en Vigo y se encontró sola, porque su amiga “no podía atentederme”. “Al principio fuimos a un hostal pero después busqué un alquiler de habitaciones”, explica. Fue ahí cuando encontró el lugar donde está ahora, una única habitación que no es apta para tres personas, como le advirtió el casero quien, no obstante, permitió, dada su situación, que se quedaran por un tiempo limitado hasta que encontraran algo mejor.
Él fue quien tuvo la idea de colocar los carteles y poner su propio número de teléfono. “Llamó gente, hasta la Policía pensando que era una estafa”, explica el hombre.
Pero esas llamadas no eran tan solidarias. “En una de las citas, me robaron parte de los ahorros que llevaba encima”, cuenta esta mujer sin apenas poder reprimir las lágrimas. Ella ya ha solicitado cita para pedir protección internacional, pero está fijada en junio y pronto finaliza su visado como turista.
Búsqueda de ayuda entre el Concello y las ONG
Aunque asegura tener mucha “fe y esperanza", esta mujer se ha encontrado en un lugar desconocido, desprotegida y desorientada. El casero le prestó la primera ayuda, y desde hace días no le cobra el alquiler hasta que encuentre otro sitio y le ha empadronado para iniciar el proceso previo a la petición de protección. Ha acudido a servicios sociales del Concello y, de momento, ella y sus hijos, sin ningún ingreso y solo con una parte pequeña de los ahorros (al haber sufrido un robo) pueden comer en el comedor social, mientras han contactado con diversas organizaciones no gubernamentales de la ciudad.
“Solo tengo una semana para encontrar un lugar donde vivir con mis hijos”
La prioridad para esta madre es encontrar un lugar donde vivir, en una ciudad donde los alquileres han tocado fondo. “Busco y busco un alquiler económico pero no hay nada”, se lamenta,. Según explica, todavía le quedan unos 400 euros de los que podría destinar al menos 300 para el arrendamiento de momento el primer mes. “Mi intención es poder asentarme y a partir de ahí centrarme en la búsqueda de trabajo, pero mientras no tenga la seguridad de que mis hijos van a tener un techo no estaré tranquila”, asegura, mientras señala que “yo soy cocinera, pero he estado empleada en otros sectores, podría trabajar en cuidado de personas mayores o del hogar, lo que sea con tal de conseguir ingresos y salir adelante, porque se me acaban los recursos”.
El casero les ha dado de plazo hasta el viernes para desalojar la habitación, donde les dejó residir por un tiempo, ya que se ofrecía para una persona y eran tres. La solución no parece sencilla, porque para toda ayuda hay plazos y burocracia y se le acaban los días. Ella sufre sobre todo por sus hijos, dos adolescentes, quienes dejaron allí su círculo y sus estudios en busca de lo que pensaban iba a ser una vida mejor y tranquila.
Nunca pensó que se vería en una situación tan crítica, y, ahora, confía en que alguien le ayude a encontrar un alojamiento económico, mientras ella y sus hijos pasan los días caminando por la ciudad y deambulando por los centros comerciales. El mayor problema con el que se topa es el papeleo, la espera para las citas y la falta de acceso a una vivienda social de emergencia para no verse en la calle en solo cinco días. Además, teme que una vez se le termine el visado, la situación todavía sea más complicada para ella, a la espera de más de un mes para solicitar la protección internacional.
