Los juzgados de Primera Instancia de Vigo no levantan cabeza. Tras haber sorteado crisis como la de las Preferentes y Subordinadas, con miles de afectados y demandas, o las cláusulas suelo, ahora es el turno de la reclamación de los gastos de formalización de hipoteca, tras considerarse por sentencia en 2015 abusivos y fijarse en 2019 los que debían ser devueltos por las entidades bancarias.
La finalización de un supuesto plazo para dichas reclamaciones el pasado 24 de enero, una fecha que no era real al no haberse tenido en cuenta la paralización durante el covid, creó el pánico entre los afectados que inundaron de demandas los juzgados. La escalada brutal de procedimientos ingresados, de 172 en el primer trimestre de 2023 a 1.460 en el mismo periodo este año ha tenido consecuencias, una vez más, en los ya castigados órganos civiles, para los que ya el Tribunal Superior de Xustiza ha solicitado formalmente al Consejo General del Poder Judicial un nuevo juzgado.
La explicación de esta nueva avalancha también estaría en la reforma procesal, que comenzó a aplicarse el pasado 20 de marzo, que modifica el pago de las costas procesales y con la que se pretende agilizar las demandas no solo por gastos hipotecarios abusivos sino también de cualquier reclamación sobre condiciones generales de la contratación, como cláusulas suelo, comisiones de apertura o tarjetas ‘revolving’ entre otros. Así se incluyen en el procedimiento verbal, que es más rápido que el ordinario al evitar la audiencia previa para finalizar las causas antes de llegar a juicio.
Este movimiento desenfrenado de reclamaciones ha influido directamente en el incremento de asuntos de los juzgados de Primera Instancia que, por primera vez, habían registrado un ligero descenso de los procesos llamados monitorios (reclamaciones de deuda). Fuentes jurídicas consultadas aluden a que se dio prioridad a los casos de reclamaciones de gastos de hipotecas frente a otros. Según la estadística de la oficina de registro, entre enero y marzo de este año, la jurisdicción civil ingresó 7.132 demandas, frente a las 5.700 recibidas durante el mismo periodo de 2023, lo que impide agilizar, a pesar de contar con un juzgado más en el último año, los cerca de 13.000 asuntos pendientes que arrastra.
Los procedimientos verbales generales, aquellos que tratan de resolver litigios sencillos o de escasa cuantía económica de fora ágil son, después de los monitorios, los más numerosos, por encima del millar, aunque algo más bajos que en el mismo periodo de 2023.
El ritmo en Primera Instancia a juzgar por la última estadística amplía la distancia con los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a números de asuntos recomendados para dar una respuesta adecuada al ciudadano.
Además, en esta misma jurisdicción se incluyen los asuntos relativos a Familia, con tres juzgados especializados, que ha visto incrementados también las demandas de divorcio y separación en el primer trimestre, manteniendo niveles similares en el resto de asuntos.
Aumentan los conflictos laborales y suben un 33% las demandas de despido
Otra de las jurisdicciones que incrementó su volumen de asuntos en lo que va de año fue la laboral, impulsada por el aumento de las demandas de despido que subieron un 33% respecto a los comienzos de 2023.
En concreto, los juzgados de lo Social de Vigo ingresaron de enero a marzo 2.169 asuntos, frente a los poco más de 2.000 del mismo periodo del año pasado. La subida no es especialmente grande, pero sí es importante al corroborar un mayor conflicto laboral por la situación de las empresas. Mientras en el primer trimestre de 2023 los despidos generaron 354 demandas judiciales, este año fueron 473, una cifra que desde los propios juzgados califican de alta.
Los despidos objetivos pasaron de 149 a 189, mientras que los disciplinarios de 170 a 231, y los relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, de 35 a 53. Otro de los asuntos por los que más pelean los trabajadores ante los juzgados son los relativos a las materias con la Seguridad Social. En este apartado, las demandas pasaron de las 275 a las 435, mientras que las relacionadas con la reclamación de salarios y cantidades permaneció por encima de las 600, aunque con un descenso de poco más del medio centenar.
Siguen al alza también las reclamaciones contra la empresa por parte del trabajador para poder conciliar la vida laboral con la familiar y la adaptación de jornadas, así como las relacionadas con las enfermedades profesionales o el reintegro de gastos médicos.
La nueva fecha estaría en el 14 de abril, aunque con dudas
La sentencia que fijó los gastos abusivos que debería devolver el banco en la formalización de la hipoteca establecía en principio que había cinco años desde es fallo, con lo que se había barajado el 23 de enero para poder reclamar vía judicial si la entidad se negaba a dicha devolución. Finalmente, al tener en cuenta la paralización del covid se fijó el 14 de abril, si bien no hay unanimidad clara en la interpretación de fechas. El fallo establece la posibilidad de reclamar a la entidad financiera los gastos en todas aquellas hipotecas contratadas antes del 19 de junio de 2019.
