Las órdenes judiciales de desahucio por impagos siguen a la baja en Vigo. Durante el primer trimestre del año, fueron menos de un centenar las demandas de lanzamiento ingresadas, en concreto 91, mientras que los desalojos ejecutados por la Oficina de Notificaciones y Embargos alcanzaron los 78. Las cifras se alejan de las registradas en el mismo periodo de 2022 (el 2023 no puede compararse, ya que los juzgados sufrieron un parón por la huelga de funcionarios). En aquel momento, las demandas ingresadas por la oficina judicial fueron 133, mientras que 102 fueron los lanzamientos efectuados, lo que supone una caída de más del 30%.
Esta reducción de casos, que puede tener una lectura positiva, esconde otra realidad que no lo es tanto. Según informa el letrado de la Administración de Justicia de la oficina de los juzgados, ya se están ejecutando lanzamientos en pisos compartidos, en concreto de habitaciones cuyos inquilinos no hacen frente al pago de la mensualidad. Sigue recordando, además, que la gran mayoría se refieren a alquileres, mientras que cada vez son menos los que se refieren a impagos de hipotecas.
La escasez de vivienda en alquiler ha impulsado el número de inmuebles arrendados por habitaciones, una realidad de la que dan fe las propias inmobiliarias. Según explican fuentes del sector, se realizan cada vez más contratos individualizados de un mismo piso según el número de inquilinos con el objetivo de que cada uno responda de sus pagos correspondientes, así como de los comunes.
La consultas en los despachos de abogados sobre cómo iniciar un procedimiento de desahucio en pisos compartidos también se multiplican. Fuentes jurídicas corroboran que también se puede llegar iniciar este trámite judicial incluso si trata de inquilinos sin contrato, es decir de supuestos subalquileres, aunque se trata de algo más complejo, como ocurriría con las ocupaciones, ante la necesidad de identificar a esas personas.
A esta tendencia a la baja en demandas de desahucio, el año pasado se desplomaron (287 desalojos ejecutados frente a los 391 del año anterior, más de uno al día) también se añade la reciente Ley de Vivienda, que amplía el concepto de vulnerabilidad y el escudo social que permite su paralización temporal así como la introducción de mayores requisitos a los grandes tenedores de inmuebles. La cifra de lanzamientos para ejecutar descendió en relación con el primer trimestre de 2022, sin embargo, se incrementó respecto al último trimestre de 2023, cuando se ingresaron 78 órdenes y se hicieron efectivos 71. Aun así, la tendencia general para un inicio de año sigue más baja de los niveles habituales en ese periodo.
Más de un embargo al día de bienes de morosos
Las deudas, más allá de las que se refieren a pago de la vivienda, siguen generando acciones judiciales. Los juzgados dictaron en el primer trimestre un total de 97 órdenes de embargo de bienes de morosos, lo que supone una media de más de una al día. Junto con los lanzamientos, los embargos son otro de los indicadores de cuál es la situación económica de los vigueses.
Estas medidas, que se adoptan por el Juzgado a petición de los acreedores para poder cobrar lo adeudado, también descendieron respecto al mismo periodo de 2022, cuando alcanzaron las 132. Al igual que con los desahucios de enero a marzo de 2023 solo se registraron medio centenar debido a la parálisis de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, por lo que dicha comparación no sería real.
Tal y como denota la estadística por trimestres, es el inicio de año cuando habitualmente más procedimientos de embargos llegan a la oficina judicial.
No obstante, si se comparan los 97 ingresados de enero a marzo de 2024, con los registrados en el último trimestre de 2023, es decir tras el verano, la cifra se habría incrementado pasando de los 78 a los 97.
Con los embargos, tanto de ingresos (nóminas, cuentas corrientes) o de bienes, los demandantes intentan compensar las deudas contraídas con una persona que no puede hacer frente a cualquier tipo de pago ya sea de facturas o proveedores, en el caso de autónomos o empresas e incluso de compras o de multas impuestas que, pese a los requerimientos, no han sido cobradas por el organismo competente.
Durante 2022, el número de órdenes de embargo a morosos en el partido judicial vigués alcanzó los 398, mientras que el pasado ejercicio (con los condicionantes mencionados) solo hubo 244.
