El Plan General que se aprobará provisionalmente esta próxima semana, el día 28, considera en su informe demográfico que Vigo crecerá muy poco y podría alcanzar en 2041 una población entre 304.640 habitantes en la perspectiva más pesimista y 319.675 en la más optimista. Se trata de una previsión muy moderada, nada que ver con el anterior Plan, el de 2008, anulado por el Tribunal Supremo, que trabajaba con proyecciones mucho más ambiciosas y aspiraba ganar 100.000 habitantes en 25 años hasta 400.000 residentes. Precisamente por ello, el Plan de 2008 también era expansivo en cuanto a las posibilidades de construcción de vivienda. El que se aprobará en 2024 -el último trámite es la revisión de informes por la Xunta y aprobación final por el pleno- prevé hasta seis hipótesis de trabajo, pero en todas ellas contempla crecimientos muy moderados. En concreto, Vigo sumaría unos 10.000 habitantes más que en la actualidad en el tramo más bajo y 24.000 en el más alto.
A más largo plazo, el Plan General estima que Vigo podría alcanzar 330.000 habitantes en 2050, aunque también asume que incluso la ciudad podría perder población y quedarse por debajo de 310.000.
Según explica en el documento, la proyección demográfica señala que cada hogar tendrá de media entre 2,2 (2041) y 2,1 habitantes (2050). A día de hoy el parque residencial está integrado por 115.513 viviendas y harían falta 142.254 en 2041 y 153.790 en 2050. Las posibilidades de construcción serían, por tanto, de 26.741 nuevas viviendas para los próximos 20 años y otras 12.000 más hasta la mitad del siglo XXI. En el escenario más expansivo serían 31.460 para 2041 y un total de 45.032 hasta 2050.
La inversión para actuaciones previstas es 847 millones: 160 de Gobierno y Xunta
El Plan General contempla unas fuertes inversiones públicas y privadas para poder desarrollarlo en su totalidad hasta 2041 con 847 millones en total, según los datos que aparecen reflejado en el informe del equipo redactor. De esta cantidad, la mitad tendrían que aportarla las distintas administraciones, siendo el Concello el principal inversor. En concreto, el ayuntamiento tendría que poner a lo largo de los años un total de 367 millones de euros, en tanto que la Administración central debería destinar 81,4 millones y la Xunta otros 85 millones. A la Diputación Provincial se le impone la realización de un esfuerzo mucho menor, apenas 27 millones de euros durante la vigencia del plan urbanístico al considerar que este organismo centra sus actuaciones en los ayuntamientos más pequeños.
Por capítulos, el ayuntamiento tendrá afrontar 227 millones para el capítulo de nuevas vías, infraestructuras, zonas verdes y equipamientos de las urbanizaciones a desarrollar. Otros 18 millones para otros equipamientos y 63,7 millones a sendas peatonales y ciclistas por todo el municipio. Finalmente, otros 57,8 millones irían a actuaciones derivadas del planeamiento. Todo ello siempre que el Plan General se desarrolle en su totalidad, lo que parece muy poco probable a la vista de los precedentes.
Por su parte, el documento que irá a pleno esta semana impone al Gobierno un total de 81,4 millones para actuaciones asociadas al sistema viario de su titularidad con nuevos trazados y atendiendo a la mejora de los accesos al puerto. El equipo redactor destaca que equivale a una “baja inversión” de 4,5 millones anuales durante los próximos 18 años, una media de 15,3 euros por habitante y año.
En cuanto a la Xunta, la inversión también se concentra en la mejora de las infraestructuras, en concreto en la red de abastecimiento “un servicio de rango supramunicipal” y proveer de inversiones en los depósitos en la cota alta (en el embalse de Eiras, que abastece a la ciudad y toda la comarca) según el plan de abastecimiento de Galicia. Supone un esfuerzo inversor de 4,7 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, de 15,6 euros por habitante en tanto se encuentre en vigor el nuevo Plan General de Ordenación.
