La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Minho pidió ayer explicaciones al Gobierno luso por la exigencia de una prueba de covid negativa para entrar por carretera al país vecino a partir de mañana, un requisito que se añade a la obligación de mostrar el pasaporte covid europeo.
El diputado de Cooperación Transfronteriza y vicedirector de la AECT, Uxío Benítez, mostró su preocupación porque esta decisión, que se aprobó de forma unilateral, no tuvo en cuenta a las personas que cruzan a diario la frontera para trabajar y que ahora se verán sometidas a un nuevo gasto.
Benítez contactó con el director del organismo transfronterizo y con el presidente de la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, pero también con el delegado del Gobierno en Galicia y con el secretario de Estado de Reto Demográfico por ser responsable de la cooperación transfronteriza a nivel estatal, para explicar la situación y solicitar que desde el Gobierno español se pidan aclaraciones a Portugal. El objetivo es que se haga una excepción con las personas que trabajan en Portugal. porque en su opinión supondría un agravio qu les pidan el test. Por otro lado, Uxío Benítez puso en tela de juicio la validez del pasaporte covid europeo “si desde la Unión Europea se permite a los estados miembros exigir otras certificaciones” y se preguntó si se le da mayor garantía a un test de antígenos que a una vacunación avalada a nivel europeo.
El diputado concluye que la solución no es cerrar las fronteras, como se hizo en dos ocasiones en la raya del Miño con los pasos terrestres cortados durante 174 días, porque esto genera “más disfunciones a nivel económico y personal" y no mejora los contagios.
En su intento de controlar la expansión del virus, Portugal decidió exigir desde el 1 de diciembre un test negativo (PCR con hasta 72 horas de antelación o antígeno con hasta 48 horas) a todos los que lleguen al país, ya sea por los aeropuertos, por carretera o vía marítima.
Sin embargo, la portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, explicó ayer que analizarán las medidas aprobadas por el Gobierno luso y recordó que "los Estados miembros evitarán imponer restricciones adicionales a los titulares de certificados de vacunación". Para un mayor control de los viajeros, Portugal anunció que podrá imponer multas de hasta 20.000 euros a las compañías aéreas por cada viajero que no porte el test negativo. Además, aquellos que ingresen en Portugal a través de la frontera hispanolusa podrán ser sancionados con multas de entre 300 y 800 euros si son inspeccionados y no tienen el test. Las fronteras terrestres no se cerrarán, pero habrá controles aleatorios que exigirán a los que lleguen a Portugal un test negativo.
