El periplo judicial contra la pareja que permaneció 56 días viviendo de okupa en un inmueble en Teis no ha terminado. Tras la medida cautelar dictada por el juzgado que obligó a su desalojo, ayer se celebraba el juicio por un delito leve de usurpación. Como era de esperar ninguno de los denunciados se presentó (ya había ocurrido meses atrás), pero en esta ocasión sí pudo celebrarse al estar ambos correctamente notificados y contar con representación legal.
Quienes sí acudieron fueron los dos hermanos dueños de la casa. Uno de ellos relató que cómo al llegar a la vivienda, apenas una hora después de ser okupada, habló con la pareja desde la ventana, les dijo que se marcharan de allí que era su propiedad y no tenían permiso para estar allí, su respuesta fue clara: “Somos okupas, llamad a la Policía”.
También describió cómo dejaron la vivienda después del desalojo. “La casa estaba destrozada, chatarreada, porque todo con lo que podían hacer chatarra se lo llevaron, desde motores a pomos, cables o la instalación del gas. Además había un olor insoportable, uno de los policías tuvo que salir a vomitar". Su hermano y otro propietario suscribió las palabras de su hermano, “ellos decían que no se marcharían hasta que no se lo dijera un juez”.
También testificó la vecina que vio cómo entraban a la casa y dio aviso a otra residente para que contactara con los dueños. “Vi una persona con un carro lleno de bolsas y como la calle no tiene salida, me pareció raro. Después observé que estaba con la cerradura intentando entrar”.
La perito que fue a evaluar los daños y que entró pocos minutos después de que los okupas se marcharan relató que había daños por suciedad, orines, acumulación de chatarra y basura, además de daños en carpintería y todos los objetos de metal, cableado o electrodomésticos y valoró en 5.732 euros.
La Fiscalía pidió la condena de los dos acusados para los que pidió sendas multas de 750 euros además de una responsabilidad civil que tendrá que determinarse en sentencia tras la valoración de un perito independiente. Los representantes de la acusación particular (perjudicados) se adhirieron a la pena, pero solicitaron que se incluya en la sentencia la responsabilidad civil de 5.732 euros atendiendo a que el peritaje realizado se hizo nada más finalizar el desalojo. Las defensas por su parte pidieron la libre absolución tras intentar sin éxito suspender la vista al no poder haberse comunicado con sus representados. Aseguraron que no hubo delito al no haberse producido dolo, ya que no se tenía intención de posesión (no realizaron obras), desalojaron sin resistencia y la casa “llevaba vacía un año". Además, una de las letradas argumentó que, en caso de condena, la responsabilidad civil no podría superar los 400 euros, ya que “estaríamos ante un delito de daños, que no es el caso”.
