El “macrojuicio” por las 3,8 toneladas de cocaína intervenidas en plena pandemia en el buque “MV Karar” vuelve a estar en la cuerda floja. Durante la segunda jornada de ayer, se dio a conocer que el considerado principal testigo policial, un exjefe del Greco Galicia, actualmente investigado por una causa de narcotráfico, ha pedido aplazar su comparecencia. Fueron letrados de la defensa quienes informaron sobre este contratiempo provocado porque el testigo se encuentra de baja médica, apuntando a que la situación podría alargarse al menos un mes.
Esta circunstancia ha sido aprovechada por varios letrados para solicitar la suspensión del juicio hasta que el testigo esté en condiciones de declarar, dada la trascendencia de su papel "protagonista" en esta investigación policial, de la que fue instructor. Varios letrados apuntaron directamente a este funcionario, ahora bajo la lupa de la Justicia, por el que pasaban todas las decisiones importantes cuando se estaba investigando el alijo del “MV Karar”. Al respecto, una de las letradas constató que, en estos momentos, hay "indicios" de que muchas las diligencias firmadas por él pudieron "no corresponderse con la realidad" y apuntó a que la implicación de los acusados en esta causa "obedece a una estrategia" previamente planeada. Por ello, pidió a la sala que tenga en cuenta las posibles consecuencias que la situación de este testigo pueda tener sobre los hechos que se están enjuiciando y ha pedido que se libre oficio a la Policía Nacional para que certifique que existe una investigación sobre este agente y por qué delitos. En la misma línea, otro de los abogados defensores fue más allá, y tras cuestionar todas las actuaciones que fueron dirigidas por este testigo, cuya imputación "es un torpedo en la línea de flotación" del procedimiento del “MV Karar”, puso en duda su "credibilidad" porque "interpretó y manipuló datos".
Durante la segunda sesión, los letrados volvieron a insistir en solicitar anulaciones de autos en una causa que supera con creces los 14.000 folios. Los 28 acusados, con Juan Carlos Santórum a la cabeza, no solo ponen a prueba la capacidad de la “macrosala” sino de las dependencias destinadas a los que están en prisión provisional, durante los recesos.
