Proceden de toda Galicia, aunque la mayoría son del área de Vigo, y viven en centros de atención a la discapacidad aunque hay dos usuarios que viven en un piso independiente
La Fundación Sálvora atiende actualmente a 60 personas adultas con discapacidad intelectual de toda Galicia, aunque la mayoría proceden del área de Vigo, a las que asesora y acompaña en todo lo que necesiten, desde ir al médico hasta ir a comprar ropa pasando por temas económicos, asuntos sociales y una larga lista de posibilidades. La relación que se establece con ellos es casi familiar. La gran mayoría viven en centros de atención a la discapacidad como San Rafael o Aspanaex, entre otros muchos, pero hay dos usuarios que viven en un piso independiente.
Ya no se puede hablar de “tutela” sino de “curatela” porque la ley cambió. Sálvora nació a raíz de la reforma del Código Civil de 1983, cuando se estableció que las entidades jurídicas podían ser tutoras. Asociaciones de padres y entidades que trabajaban con el mundo de la discapacidad estaban preocupadas entonces por el futuro de estas personas cuando se hacían mayores y no tenían a familiares que se ocupasen de ellos.
La tutela exigía una sentencia judicial que incapacitase a la persona con discapacidad y que nombrase a un tutor. Esta situación cambió en 2021, con una ley que recuperaba a las personas con discapacidad de esa “muerte civil” y las hacía dueñas de sus decisiones. Las fundaciones pasaron a ocuparse de prestar “medidas de acompañamiento y apoyo” que establece un auto judicial para que los interesados, ahora con voz y voto, puedan tomar las decisiones correctas. Es la “curatela” que exige un trabajo más minucioso con ellos, para que comprendan las cosas y cómo las tienen que hacer.
Antes del cambio legislativo, que sigue el mandato de Naciones Unidas, Sálvora ya trabajaba en esta línea de forma voluntaria y “por principios”. Hay múltiples ejemplos. “Había personas que iban al banco a hacer sus reintegros y la fundación no anuló esta posibilidad al asumir la tutela, sino que permitía que siguieran teniendo esa autonomía. También eran ellos los que decidían si querían ir a un campamento o quedarse en el centro de residencia. Les apoyamos en todo, que no dejasen de hacer cosas por temas económicos o si estaban interesados en un trabajo veíamos las posibilidades de formación”, explica la trabajadora social y responsable de la entidad, Beatriz Díaz.
Ahora se están revisando las sentencias de las personas que tenían tuteladas mediante la correspondiente solicitud al juzgado. Los usuarios que ya fueron llamados a la entrevista judicial y forense para su valoración manifestaron que querían seguir en Sálvora, ahora como “personas apoyadas” porque están contentos. “Somos su referente”, aseguran.
Además de esta vía judicial, cualquier persona con discapacidad o su familia pueden acudir ante notario y nombrar a esta fundación para que preste este servicio. En este momento cuentan con un usuario que entró de esta forma.
La fundación también ofrece un servicio de información y asesoramiento gratuito abierto a cualquier persona que quiera consultar sus dudas relacionadas con una persona con discapacidad.
Trabajan mediante un convenio singular con la Xunta y también cuentan con colaboraciones puntuales de otras administraciones como Concello o Diputación para distintos proyectos.
La entidad cuenta con un área social, un área económica y con un equipo de asesores jurídicos.
Lucharon por el derecho al voto de dos usuarios
Antes del cambio legislativo que devolvió el derecho al voto a las personas con discapacidad, la Fundación Sálvora ya había defendido este derecho en los juzgados para dos usuarios que estaban incapacitados pero que querían participar en las elecciones. “Teníamos a dos personas que estaban muy involucradas políticamente y para ellos era muy importante poder votar. Emprendimos un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que pudiesen recuperar el voto y lo conseguimos, pero para entonces ya había salido la nueva ley. Ellos fueron al juzgado para hablar con el juez, el forense y el fiscal y encontraron que sus motivos estaban bien argumentados”, subrayan.
A la pregunta de qué sucede con el patrimonio de estas personas cuando fallecen, recuerdan que la fundación no se queda con nada. “Está aquí hasta que los herederos lo reclaman y si no hay herederos se lo queda Estado. A veces vienen familias que no los conocían o que no se hicieron cargo, se llevan la herencia porque es ley”.
