El exalcalde socialista de Baiona, Carlos Gómez Prado, juzgado en la Audiencia en Vigo por los delitos de prevaricación y falsedad al retirarse cinco multas de aparcamiento, tuvo ayer turno de palabra. Durante su declaración, admitió que las cinco sanciones le fueron impuestas por aparcar en carga y descarga pero aseguró que en ese momento ya tenía la tarjeta de estacionamiento autorizado.
A preguntas de la Fiscalía, Gómez sí reconoció que pese a contar con dicha tarjeta no la tenía en esas ocasiones colocada en el vehículo porque “me la había dejado en el de mi padre ya que tuve que llevar el mío en varias ocasiones al taller”, advirtiendo de esta situación al oficial de la Policía Local. Relató que con anterioridad a 2021, cuando se impusieron las multas, no solicitó la tarjeta por las circunstancias que ya expusieron otros concejales, aludiendo a que en 2019 acababan de llegar y en 2020 fue la pandemia. Y, a pesar de que otros testigos afirmaron en sala que lo habían visto aparcado en otras ocasiones en zona de carga y descarga, él insistió en que “antes de tener la tarjeta nunca aparqué allí”.
Respecto a las sanciones impuestas, relató que sí realizó las pertinentes alegaciones, pidiendo al oficial y coacusado un informe respecto a la autorización otorgada, aunque dichas alegaciones, según los agentes, no les llegaron a ellos. Admitió además que fue él mismo quien firmó el decreto en el que se anulaban las multas, señalando que “yo soy el encargado de firmar los decretos pero no me fijé en el contenido”. El exalcalde relató que fue él mismo ante el actual jefe de Policía, con el que se sienta en el banquillo, para solicitarle la autorización de aparcamiento, de forma verbal. “Yo interpretaba que con esa tarjeta podía aparcar también en la zona de carga y descarga”, comentó.
Varios concejales socialistas en el momento de los hechos ratificaron en sala que sí les constaba que el alcalde tuviese tarjeta de aparcamiento autorizado antes de las multas, mientras que otros funcionarios del Concello también citados a declarar ayer, de departamentos como Servicios Sociales o Deportes, señalaron que sí existían dichas tarjetas de estacionamiento autorizado y que hasta 2022 no se especificaba el número de expediente. Hay que señalar que los policías denunciantes dudaron de la veracidad de la tarjeta del exalcalde por carecer de esos datos y que la Fiscalía sostiene que se elaboró con posterioridad a las multas.
