El abogado vigués Diego Gómez, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la UVigo, ha sido galardonado ayer en la Universidad de Salamanca con el premio Blog Jurídico de Oro 2022, gracias a una entrada donde desgrana la cita previa obligatoria que impusieron las Administraciones Públicas tras la pandemia. La obligación a evitar aglomeraciones hace ya casi tres años obligó a las instituciones a elaborar una alternativa que, tiempo después, todavía sigue vigente.
Premiado con el Blog Jurídico de Oro 2022. ¿Cómo recibe este galardón?
Muy contento, pero porque conlleva una iniciativa, que es devolver el empoderamiento ciudadano. La gente confía en que presentando escritos todo se puede solucionar, como la protesta estéril en plataformas Change.org, pero lo importante es cómo quejarte en un Estado de Derecho. A raíz de mi entrada en el blog, si la gente se empieza a dar cuenta que haciendo esas cosas algo se mueve y cambia a mejor, la entrada merece ser premiada. Y me hace mucha ilusión, aunque ya fui galardonado en otras ediciones.
Un estudio donde se desgrana la cita previa obligatoria en las administraciones públicas a través de las leyes y la Constitución.
Para empezar, existe un déficit de formación, y en todas las escuelas debería tener unas clases de derecho porque algunos me tacharon de utilizar un artículo aleatorio de la Constitución, pero es uno de los más importantes, donde se indica la soberanía del pueblo español y, a su vez, donde emanan los poderes del Estado. Quiere decir que primero es el ciudadano y luego las instituciones, porque nosotros los elegimos y el poder originario es nuestro. Al votar, se aprueban unas leyes y luego recae el poder en las administraciones para actuar. Esto indica que todo comienza en los ciudadanos. La administración está imponiendo la cita previa obligatoria pero las leyes no se lo permiten, y debería ser lo contrario, porque se deben a la sociedad y no al revés. Debería ser una organización servicial, lo dicen las leyes. Incluso se da la circunstancia donde la ley de Procedimiento franquista del año 1958 indicaba que había que facilitarse las cosas al ciudadano. ¿Cómo puede ser que en el año 2023 tenemos menos derechos que en la época franquista? Eso indica que algo estamos haciendo mal.
Todo sucedió tras la pandemia, ¿Nos hemos acomodado a la anormalidad?
Las normas excepcionales no se pueden aplicar en supuestos que vayan más allá de la excepcionalidad. En la pandemia se tuvo que dar poderes extraordinarios a la Administración para luchar contra algo que era extraordinario, pero eso no quiere decir que puede hacer lo que le de la gana. Las administraciones se han ido empoderando mientras la sociedad ha ido para abajo, porque ha tenido que luchar contra muchas cosas: Una crisis sanitaria, el problema económico...y todo ello no se ha reestablecido. Ahora seguimos arrastrando cosas de la pandemia que hay que eliminar de una vez.
¿Ha sido todo por pérdida de poder contra la Administración?
La gente se ha ido acostumbrando a esa falta de poder y no cree que se pueda hacer algo, entonces eso te arrastra al conformismo. Y lo hace aunque sea perjudicial para ellos mismos. Lo que se necesita es que las personas que saben de determinados campos trasladar a la sociedad a ese conocimiento, como se hace en la Universidad. Y hacer cosas prácticas, porque sino se convierte en un onanismo intelectual.
Una de las instituciones que sólo acepta la cita previa obligatoria es la Seguridad Social. ¿Qué opina?
Es un caso difícil de entender, igual que Extranjería. Ante el aluvión de críticas recibidas se instó en enero al Ministro de Seguridad Social a quitar la cita previa obligatoria. Sin embargo, ha salido en prensa diciendo que no se va a eliminar, que se está protegiendo la salud de los trabajadores. Creo que lo que hay detrás de ello es que afecta a las personas más débiles. Te metes con la persona que tiene que cobrar su pensión, con el extranjero que apenas se puede comunicar... No tienes otra opción que pedir cita previa electrónica. Ahí caes en un doble incumplimiento. Nosotros como personas físicas podemos hacer todo aquello que las leyes no nos prohíben, pero la administración solo puede hacer lo que se le permite.
La cita previa obligatoria, ¿Acentúa la brecha digital?
Primero debería existir una previsión legislativa. Aquí no la hay. Se podría discutir si se tiene competencias digitales o no pero, sin previsión legislativa, no hay nada que discutir.
¿Cúal es la modalidad más eficaz para Diego Gómez?
Lo que había antes de la pandemia está bien. Todo es mejorable, obviamente, pero que uno tenga la libertad de poder adaptarse a la Administración es algo correcto. Yo por ejemplo tengo más control con la Administración Electrónica, pero una persona mayor que quiere ser tratado con las mismas garantías, no puede. Y más cuando llamas a cualquier Administración, lo que necesitas es que te trate un ser humano, y no una máquina. Todo ello es porque nosotros pagamos unos impuestos y, por lo tanto, merecemos eficacia. Tienen que estar al servicio del ciudadano, y no al revés.n
