La instrucción judicial de la causa sobre la desaparición y muerte de la joven Déborah Fernández en 2002 ha entrado en tiempo de descuento. A falta de ocho meses para la prescripción, los abogados de la familia se han adelantado a los resultados biológicos que se esperan de las muestras remitidas al Instituto Toxicológico de Madrid tras la exhumación solicitando al juzgado de Instrucción 2 de Tui un “cribado masivo” y voluntario de ADN. En concreto, según confirmó ayer el abogado Ramón Pérez Amoedo, “hemos pedido que se nos permita tomar muestras biológicas a más de treinta personas”. Se trataría de testigos que han sido interrogados en la causa y que estarían vinculadas a los círculos más cercanos de Déborah.
La intención es cotejar dichos perfiles con los de la cuerda hallada bajo el cadáver de la joven, el de un pelo encontrado en el cuerpo y el que pueda extraer Madrid de debajo de las uñas de la joven. Hay que recordar que fue la Audiencia la que ordenó realizar pruebas biológicas al pelo y al cordón, después de la oposición de Juzgado y Fiscalía.
Estas muestras podrían ser claves, ya que el cabello no pertenecería a la víctima y la cuerda se sospecha que pudo haber sido utilizada para envolver algo en la cabeza de la joven para su traslado una vez muerta, pues tal y como asegura el letrado, las únicas fibras que se encontraron en el cadáver estaban en su cabeza. Los cotejos, por tanto, difieren de los que se hicieron en su día. Todas las muestras recogidas desde 2002 se compararon únicamente con el perfil del semen encontrado en el interior de la vagina de Déborah y del secuenciado en un preservativo junto al cuerpo, pruebas que para los investigadores son falsas y habrían sido colocadas a posteriori para desviar la atención del verdadero autor del crimen.
Por otro lado, ayer mismo se recuperó un disco duro del ordenador de una amiga de la joven. La familia y los abogados tratan de corroborar que en aquella época había comunicaciones por messenger, al no hallarse rastro alguno de ese tipo de mensajes en la revisión del disco duro del ordenador de Déborah.
Un juez y un fiscal de refuerzo para esta causa
Entre las nuevas pruebas solicitadas al Juzgado también se encuentra la de un juez y un fiscal de refuerzo con el objeto de que durante seis meses puedan centrarse en esta causa. “El juzgado de Tui es un juzgado mixto y tiene su carga de trabajo, además ha habido una paralización judicial durante la pandemia”, explica el abogado.
A la espera de que la instructora resuelva sobre todas las peticiones, el próximo mes de octubre se retomarán las declaraciones en sede judicial. “Testificará un policía de la investigación, que realizó una labor muy interesante en 2010 con un equipo que había pedido intervenciones telefónicas, de vehículos psiquiátricas, pero que se le denegaron en su momento, a excepción de la revisión de un coche donde no se encontró absolutamente nada de nada".
El atestado de aquel equipo policial, uno de los más completos hasta la fecha, no evitó que a las cuatro días se archivara la causa.
Pérez Amoedo: “Queremos que se investigue todo, no se puede cerrar el asunto sin saber qué pasó"
¿En qué punto está la investigación?
Está en punto muerto. Después de la reapertura se han practicado algunas de las pruebas que íbamos pidiendo, y estamos pendientes de los resultados que puedan obtenerse después de la exhumación y a la espera de prácticas de nuevas testificales y otra batería de pruebas solicitadas. Obra en nuestro poder un nuevo informe extenso criminólogo que, además de poner de manifiesto negligencias en la investigación, entiende que se tiene que realizar ADN a todas las personas que fueron interrogadas por la Policía, siempre como testigos, pero que podrían tener relación con lo ocurrido, ya fuimos pidiendo que se investigaran o que se nos explicara qué se investigó sobre ellos, pero se nos denegaron las peticiones. De ahí que ahora pidamos, además de testificales y careos, la toma de muestras de ADN a más de 30 personas, de forma voluntaria. Las pruebas que pedimos también se basan en los interrogatorios de los últimos meses porque la versión que se ha dado por una de las partes investigadas queda en evidencia. No acusamos a nadie, queremos saber quién miente y por qué.
La experiencia en estos casi dos años es que no ha habido mucha suerte con las peticiones de prueba. ¿Es normal que tenga que ser la Audiencia la que obligue a agotar todas las posibilidades en un caso como este?
Me parece inaudito la actuación de la Fiscalía que es la que tiene que velar por la legalidad. En este caso estamos hablando de un crimen de hace 19 años que si no se ha resuleto antes, ha sido por un cúmulo de negligencias, no digo intencionadas, pero sí actuaciones lamentables de agentes que han pasado por este caso con la pasividad e inacción de la instrucción en los primeros años.
¿Tiene confianza en poder avanzar antes de la prescripción?
Sí. Espero que por el hecho de que se acerque la finalización de la instrucción de este asunto alguien se lo tome en serio, pida el archivo o ceda el sitio a otras personas que tengan más ganas. Es un caso muy grave, que no se puede comparar con un hurto de calcetines en la feria de Tui o una denuncia de preferentes. Queremos que se investigue todo, no vamos a permitir que se cierre por prescripción. Vamos a pedir la práctica de todas las pruebas para saber quién mató a Déborah, no se puede cerrar este asunto sin saber qué pasó, por ella y por su familia.
Uno de los obstáculos en la investigación siempre fue la imposibilidad forense de ratificar la muerte violenta. Ustedes sí consiguieron un informe donde se descartaba la muerte súbita. ¿Han obtenido respuesta de la Fiscalía y el Juzgado?
Es algo que me indigna. Presentamos el informe y la Fiscalía no se pronunció y tampoco nos han permitido que el experto Aitor Curiel lo ratificara porque según la jueza no era necesario determinar si la muerte fue como dice este informe. El fiscal jefe de Pontevedra me dijo que en el momento en el que acreditáramos la muerte violenta la actitud de la Fiscalía cambiaría, lo que único que ha cambiado es que después de tiempo por videoconferencia ha regresado al juzgado.
