Cuando la Audiencia obligó al juzgado de Tui a citar como investigado al exnovio de Déborah Fernández hace ahora un año, las esperanzas de la familia de una reactivación definitiva de la investigación judicial se despertaban. Nada más lejos de la realidad. Desde que Pablo P. declarara en sede judicial por la desaparición y muerte de la joven de Alcabre ocurrida en 2002, apenas ha habido avances. El sufrimiento de padres y hermanos por el tiempo transcurrido desde que apareció el cadáver de Déborah en una cuneta se ha visto agravado tras la reapertura de la causa por la lentitud judicial, el parón del covid y ahora la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que se adentra en su tercer mes.
“Llevamos 21 años esperando a que se haga Justicia”, asegura Rosa Fernández-Cervera, hermana de Déborah, que lamenta que “no se piense en el sufrimiento y la presión de las familias de las víctimas. En todo este tiempo desde que prestó declaración el único investigado en una causa que ya prescribió “lo único que se ha decidido por parte de la Audiencia es rechazar el procedimiento del jurado para esperar al resultado de diligencias que no llegan”. Pero, además, Rosa muestra su decepción con las “promesas” incumplidas por parte del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien mostró públicamente su apoyo a la familia después del hallazgo hace meses durante unas obras en la Comisaría de Canillas (Madrid) de un legajo hasta ahora desconocido con efectos del caso, entre ellos el móvil de Déborah, pero sin tarjeta. Miñones afirmó entonces que el Gobierno estaría siempre al lado de la familia y aseguró que se llegaría hasta el final para depurar responsabilidades. “No hemos tenido noticias desde entonces, ni una miserable llamada”, afirma.
El letrado Ramón Pérez Amoedo, miembro del equipo legal de la familia, considera que “estamos ante un gran engaño”. Desde su punto de vista, está claro que hay un “código de silencio” respecto a este asunto, donde se han destapado, “negligencias e irregularidades” y sostiene que “uno mató a Déborah, otros le ayudaron y muchos callaron”. Como ya solicitaran en su día, si no se abre juicio, tendrá que archivarse “para que la infamia se haga pública y que cada uno dé las explicaciones oportunas”.
El inmovilismo judicial no solo retrasa el posible esclarecimiento de este caso sino que mantiene desde hace un año en calidad de investigado a un único sospechoso, quien se desvinculaba de los hechos en su única declaración ante el juzgado, sin que hasta el momento se haya acordado su desimputación o su traslado a un banquillo.
El argumento principal para el estancamiento se centra en el contrainforme que debía elaborar la unidad especializada de la Guardia Civil sobre las conclusiones de los peritos de Lazarus Technology sobre el análisis del disco duro del ordenador de la víctima que aseguraban una manipulación del mismo tras ser entregado por la familia a la Policía y que lleva en espera desde junio.
