Bajan en Vigo las demandas de desahucios por efecto de la Ley de la Vivienda

Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, sus consecuencias ya se dejan notar. Los nuevos requisitos incluidos a los propietarios de viviendas arrendadas y la ampliación del concepto de vulnerabilidad vaticinaban desde el inicio una reducción drástica en el número de desahucios. De momento, “es muy pronto para cotejar datos”, explicaban desde el Servicio de Notificaciones y Embargos, encargados de ejecutar los lanzamientos, sin embargo, ese cambio comienza a detectarse en los juzgados donde se presentan las demandas de desalojo por impago. Según confirmaron en varios juzgados de Primera Instancia, frente a otros años por las mismas fechas, este tipo de requerimientos está llegando con “cuentagotas”.

Los números han comenzado a bajar lo que fuentes jurídicas vinculan a los nuevos cambios normativos. En concreto, a los requisitos exigidos a los propietarios de viviendas alquiladas, donde se producen la gran mayoría de desahucios en Vigo. Aunque la normativa es más estricta con el gran tenedor, (personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de 1.500 metros cuadrados de uso residencia), el que no lo es no solo tiene que declarar que no posee esa condición sino además acreditarlo por medio de un certificado del Registro de la Propiedad. En ese documento debe constar la relación de propiedades a su nombre. Sin este requisito no se admitirá a trámite la demanda. Además, es preciso acreditar si el inmueble constituye la vivienda habitual del ocupante.

La media de reclamaciones judiciales por impago de alquiler en la ciudad se situaba antes de la entrada en vigor de esta normativa en más de una veintena al mes, siendo estos casos la amplia mayoría de peticiones de desalojo, frente a las producidas por ejecuciones hipotecarias, a la baja desde hace años.

Fuentes letradas advierten no obstante de que la nueva normativa aunque con buenas intenciones en la práctica al añadir complejidad a estos procedimientos podrían dilatar aún más los juicios de desahucio.