El sector inmobiliario pide modificar la Ley de Vivienda

Altos ejecutivos de Colonial, Aedas Homes, Merlin y Testa, así como de Anticipa y de Aliseda, cargaron contra la Ley de Vivienda, que ven electoralista e innecesaria si no hay verdadera política de vivienda, y confían en que se modifique si hay un cambio político tras las elecciones generales. “Esperamos que o por cambio político o por cambio de raciocinio de los políticos que actualmente gobiernan cambie esta ley” -que se desbloqueó y entró en vigor justo antes de las elecciones autonómicas y municipales-, demandó el consejero delegado de Anticipa y de Aliseda, Eduard Mendiluce en el marco de una jornada inmobiliaria organizada por Esade.

“La ley de vivienda tiene que existir si hay una política de vivienda. Aquí no hay una política de vivienda, sino que se hace política con la vivienda de la gente”, apuntó el directivo de Merlin y vicepresidente de Testa Homes, Miguel Oñate. “No nos hace falta una ley, sino 2 millones de viviendas”, apuntó el consejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, mientras que la directora general de Colonial, Carmina Ganyet, agregó que “no podemos hacer experimentos políticos, sino dar herramientas eficaces y realistas”.

Durante su intervención, Mendiluce aseguró que teniendo en cuenta las previsiones migratorias, que apuntan a la llegada de 200.000 familias (400.000 personas) anuales a partir del año que viene, hay una demanda acuciante de vivienda, un problema que no resuelve la actual ley.

Control de precios

Además, subrayó que el control de precios que introduce es una medida “antiprogresista”, ya que reduce la oferta y perjudica a los más necesitados, y que hay un problema de dotación presupuestaria, que saldría gratis si se tienen en cuenta las externalidades negativas que se generan, por ejemplo, con la ocupación ilegal de viviendas. Por ello, abogó por mecanismos de colaboración público-privada y por agilizar la gestión urbanística, que actualmente presenta duplicidades y triplicidades administrativas.

Oñate apuntó que esta ley nació del disenso entre el propio gobierno, el parlamento y el sector, que tiene un marcado signo electoral y cortoplacista, que “tritura” la oferta, es absolutamente intervencionista y cuenta con la oposición de todos los expertos reputados del sector y las compañías que atesoran una dilatada experiencia en el sector.

Además, criticó las medidas en materia de desahucios, ya que entiende que suspenden un derecho constitucional y bloquean los lanzamientos porque obligar al juez a poner día y hora favorece que exista una oposición física al mismo, y obligar al propietario a determinar aspectos del “okupa” que no conoce, por ejemplo, si es vulnerable o si es su primera vivienda, introduce una prueba “diabólica” que hace inviable la presentación de demandas.

Por su parte, Martínez añadió que esta ley no invita a la llegada de nuevas inversiones en el sector, al que cree que se lo ponen muy difícil si no hay un marco seguro y estable.