La asociación de usuarios denunciante, En-Colectivo, destaca que el asunto sigue vivo y que la iniciativa no ha sido archivada “y eso significa algo”
Se cumplen ya dos años de la apertura de un procedimiento de infracción en la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria en la concesión de la AP-9 al considerar ilegal las dos prórrogas concedidas a Audasa sin que mediera un nuevo concurso. Un expediente abierto tras una denuncia presentada en 2019 por la asociación de consumidores En Colectivo que fue asumida por la Comisión Europea. Y que 24 meses después sigue atascada en las instancias europeas sin respuesta por parte del Gobierno, recordaba ayer Diego Maraña, presidente de dicha agrupación. El resultado práctico es que la ampliación del contrato aprobada por el Gobierno de Felipe González ya finalizó y está en vigor la concedida por el Ejecutivo de Aznar, hasta 2048, sin que haya desaparecido el peaje. Que dentro de unos días, el 1 de enero, incrementará su precio.
La AP-9 cuenta con las tarifas más elevadas de España y salvo que la UE obligue a anular la prórroga, hay nulas posibilidades de que se libere el pago, como sí ha pasado en otras autopistas. Las autoridades comunitarias señalaron hace dos años que la prórroga del contrato con Audasa por 25 años vulnera las normas comunitarias de la competencia porque se adjudicó sin licitación pública. Dieron dos meses a España para presentar alegaciones, plazo consumido sin resoluciones. Había incluso la posibilidad de que el dictamen previo de Bruselas se hiciera firme y que España no lo acatase, lo que trasladaría el conflicto al Tribunal de Justicia de la UE. Se esperaba una decisión en 2023, pero una vez más no ha sido así por múltiples motivos, entre ellos que el Gobierno ha demorado todo lo posible la respuesta, un secreto de Estado.
Diego Maraña reconoce la impotencia por la falta de avances aunque pone el acento en el dato positivo de que pese al tiempo transcurrido la denuncia sigue viva. “Tampoco está archivada, está en valoración por servicios jurídicos de la Comisión Europea, y eso significa algo”, explicaba ayer. Y también que la acumulación de conflictos próximos -Ucrania, Israel- ha ralentizado el proceso administrativo comunitario, ya de por sí muy lento. “El Gobierno no contestó, una falta de respeto a los ciudadanos gallegos. La realidad es que así hasta 2048, a seguir pagando”, alertó Maraña.
En enero sube el precio, aunque habrá bonos
El precio por circular por la autopista del Atlántico subirá en un 5 por ciento desde enero (IPC más un punto) y rozará los 20 euros ir de Vigo a Coruña. No obstante, los usuarios recurrentes (con más de 20 viajes al mes) incrementarán los actuales descuentos (con los que la vuelta es gratis en un plazo de 24 horas) en un 20 % adicional que se aplicará en la ida y, además, también habrá descuentos especiales para los transportistas en aplicación del acuerdo firmado hace unos días entre el BNG y el PSOE para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Como novedad, todas las rebajas que se implementen en la AP-9, ahora se acometerán también en la AP-53, que es la vía que une Santiago con Ourense, si bien el tramo de pago termina al pasar Lalín.
La circulación media en la autopista se sitúa en torno a 23.000 coches al día, pero hay enormes diferencias por tramos: en torno a Vigo están los dos extremos; el de mayor intensidad diaria, Vigo-Morrazo, que llega a 70.000 vehículos en agosto, y el de menor, entre Vigo y Tui, que apenas supera los 6.000.
