Un reciente informe del interventor del pleno del Concello de Nigrán, esto es, el mayor órgano de fiscalización de la entidad municipal, alerta de la existencia de hechos que podrían constituir infracciones administrativas o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables e incluso penales de aprobarse el expediente para la contratación del servicio de recogida de residuos, limpieza vial y de playas por más de 30 millones. El interventor avanza que además de poner estos hechos en conocimiento de la Alcaldía y del pleno también los trasladará al Tribunal de Cuentas y que, de ser procedente, llevaría incluso este contrato de la basura hasta los Tribunales de Justicia.
Así lo señala intervención en un duro y extenso informe de más de cien páginas. El documento alerta de numerosos incumplimientos de los pliegos desde el contrato adjudicado inicialmente en 2004 a la empresa Cepsa S. A., actualmente denominada Prezero S. A. y su prórroga de seis meses 2021. Situaciones que según intervención podrían suponer “el menoscabo de caudales públicos y quebrantos económicos para el Concello, así como presuntos enriquecimientos injustos para la empresa concesionaria”.
El interventor también califica de improcedente la contratación verbal del servicio de recogida de residuos urbanos del 1 de julio de 2021, pero indica que la empresa concesionaria “emite mensualmente facturas ininterrumpidamente al Concello” desde ese mes. Apunta también el incumplimiento del objeto y plazos de ejecución de contratos menores, deficiencias y redacción inadecuada de los pliegos de los contratos, fórmulas injustificadas para asignar la puntuación a las ofertas económicas as´como la inexistencia de crédito adecuado, disponible y en cuantía suficiente destinado a la contratación del servicio, con un valor de 30,2 millones sin incluir impuestos, entre otras cuestiones.
Este mismo año, el interventor del pleno también sacó a la luz el “elevadísimo número” de facturas correspondientes a contrataciones verbales “legalmente improcedentes” en el municipio. En total, se trata de 19.187 facturas por valor de 17.039.618 euros desde mediados de 2018 y hasta finales de 2022. También entonces aseguró que los hechos se trasladarían al Tribunal de Cuentas.
