Todo apunta a que la denuncia formulada públicamente por el portavoz del PP de Baiona, Ángel Rodal, al detectar que el alcalde Carlos Gómez se habría retirado cinco multas en 2021 acabará en juicio. El magistrado del Juzgado de instrucción 2 de Vigo acaba de concluir las investigaciones y decreta la continuidad del procedimiento al constatar indicios de un delito de prevaricación administrativa y otro de falsificación documental, por simular presuntamente una tarjeta privativa que le permitiría aparcar en carga y descarga. Además, también ordenó que se siga la causa contra el agente de la Policía Local que firmó la acreditación y sustituyó los informes de ratificación, habitualmente elaborados por los autores de las sanciones, por otros realizados por él, unas acciones que lo vinculan como cooperante en el supuesto ilícito.
Gómez, por su parte, pese a admitir que se enteró de la resolución por este medio, manifestó estar tranquilo y que presentará una apelación, que los trámites se realizaron correctamente y que se limitó a aparcar en donde le indicaron desde la Policía Local. “Confío en que el proceso resolverá favorablemente y en el menor tiempo posible” manifestó. De este modo la tramitación de las diligencias continúa, ahora el Ministerio Fiscal dispondrá de un plazo de diez días deberá de formular el escrito de acusación solicitando la apertura de un juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
El documento es contundente, relata que las denuncias producidas entre el 30 de abril y el 9 de junio derivaron en sendos expedientes sancionadores, Gómez justificó los estacionamientos con una tarjeta privativa de la que no hay constancia de su tramitación, tal y como refleja el informe de secretaria municipal, y que además carecía de número de expediente, de fecha y plazo de expedición, lo que lleva a pensar al instructor que podría haber sido creada para tramitar las alegaciones que derivaron en cinco resoluciones. Asimismo también indica que estas fueron firmadas por el propio alcalde estimándolas el 23 de agosto de 2021, “con total desprecio al deber de abstención que existía” en su condición de denunciado. La tramitación finalizó con la notificación enviada a su propio domicilio el 2 de septiembre en la que se archivaban las multas, “dando así por finalizado el procedimiento”. En este punto Gómez explicó que rubricó los documentos emitidos por el ORAL de manera automática, de ahí que no se hubiese abstenido.
Tanto el alcalde como el agente investigado tienen un plazo de entre tres y cinco días para presentar un recurso. En caso de seguir adelante, Gómez se enfrentaría a penas de inhabilitación de 9 a 15 años con agravante por delito continuado de prevaricación; y prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de 2 a 6 años por falsificación documental. n
