El 14 de marzo de 1936, el dirigente de Falange José Antonio Primo de Rivera Sáez de Heredia, -uno de los seis hijos del ex presidente del Gobierno de Alfonso XIII, el dictador Miguel Primo de Rivera y Orbaneja- fue detenido en su domicilio de Madrid por policías de paisano, y conducido a la sede central de la Dirección General de Seguridad donde permaneció en un calabozo hasta que, a última hora de la tarde, se enfrentó a un primer interrogatorio conducido por el propio director general, el alicantino José Alonso Mallol. Primo de Rivera había perdido su inmunidad parlamentaria pues no consiguió renovar su escaño en el Congreso tras las recientes elecciones de febrero donde Falange no obtuvo representación alguna.
La formación se llamaba desde 1934, Falange Española de la JONS, pues se había unido en aquella fecha y en un acto político oficiado en un teatro de Valladolid, con las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, dos jóvenes castellanos muy combativos, ambos de extracción modesta, intelectualmente profundos y ambos de iracundo radicalismo que acabarían muertos a tiros aquel mismo año, Redondo en el frente de Segovia y Ledesma fusilado ante la tapia del cementerio de Aravaca, aunque para entonces ya había abandonado las JONS por considerarlas burguesas y apartadas del principio de revolución proletaria que defendía.
Salvación o muerte
José Antonio ingresó por tanto en la cárcel Modelo de Madrid acusado de tenencia ilícita de armas, aunque ciertas fuentes mantienen que la orden de detención partió del propio Niceto Alcalá Zamora quien lo que en verdad pretendía eran encerrarlo para salvarlo, pues le tenía afecto personal y su intención era apartarlo de la pelea callejera que se estaba cobrando ya a esas alturas de tiempo muchas vidas. Desgraciadamente para Primo, Alcalá Zamora, primer presidente de la reciente II República, hubo de dimitir por la presión del Frente Popular unas semanas después de haber ordenado su encarcelamiento. Dejó la jefatura del Gobierno a principios de abril, y José Antonio fue trasladado a Alicante a principios de junio. En julio, el inicio de la guerra civil le pilló, junto a su hermano Miguel, haciendo las maletas para salir libre. Para su desgracia, el estallido de la contienda frenó toda posibilidad de abandonar el presidio. De hecho, el 3 de octubre se inició un nuevo procedimiento sumarísimo contra él, su hermano Miguel y su cuñada Margarita a los que se acusaba de tres delitos, mientras que a dos de los carceleros se les juzgó también por colaboracionismo. Un registro llevado a cabo quince días antes en su celda descubrió dos pistolas y sus correspondientes cartuchos, además de abundante propaganda subversiva llamando a los falangistas de Alicante a sublevarse, por lo que a los celadores responsables de la vigilancia de su celda también se les incluyó en el grupo. En consecuencia, José Antonio pasó de preparar jubilosamente su salida de prisión y hacer planes para emigrar a Orán desde donde él y su hermano volverían para unirse a la sublevación que se estaba cociéndose coordinada por Emilio Mola -con el que mantenía una frecuente correspondencia- a jugarse la vida en un juicio sumarísimo que le acusaba de los delitos más severamente punibles. La posesión de armas era un acto de suma gravedad que se asociaba con la conspiración y rebelión militar y se castigaba con la muerte.
El abrazo sorprendente
El proceso fue muy rápido. El 3 de noviembre, José Antonio –que actuaba en virtud de su condición de abogado en ejercicio como defensor de sí mismo y de sus familiares- compareció por primera vez ante el tribunal en el turno de interrogatorios previos, negando todos los cargos que le imputaban aunque la verdadera vista se inició el lunes 16 con prolongación al día siguiente, martes 17. A las dos y media de la madrugada del ya miércoles 18, el jurado compuesto por catorce miembros que se había retirado a deliberar cuatro horas antes, comunicó que ya tenía decidida la sentencia. José Antonio Primo de Rivera era condenado a muerte por rebelión, su hermano Miguel, a cadena perpetua, su cuñada Margarita esposa de Miguel, a seis años y un día y los carceleros, absueltos. Tras la lectura, se produjo un episodio sorprendente. José Antonio se abrazó a Margarita y Miguel celebrando la sentencia: “estáis salvados” les dijo satisfecho, y a continuación subió al estrado y le dio un fuerte abrazo al presidente del tribunal, el magistrado Eduardo Iglesias Portal que unos minutos antes leyó la decisión. “Siento mucho el mal rato que te he hecho pasar”, le dijo José Antonio. Él y Portal se conocían de hacía tiempo y habían coincidido en no pocos lances jurídicos. De hecho, en 1954, Miguel Primo de Rivera que por entonces era embajador de España en el Reino Unido, recibió una carta firmada por las hijas de Iglesias Portal en la que se explicaba que su padre y José Antonio eran en verdad buenos amigos. El magistrado Portal se exilió en México y allí estaba cuando la carta fue remitida. Muchos de sus familiares sospechan que fue él mismo quien la redactó aunque la firmaran sus hijas.
En la hora final
Poco se sabía de cierto en torno a las últimas horas y la trágica ceremonia del fusilamiento de Primo de Rivera, entre otras cosas porque el mismo Franco que lo supo unas horas después como mucha gente de su entorno, ocultó los hechos durante dos años y rebeló que José Antonio estaba muerto a finales de 1938 en una intervención ante los micrófonos de Radio Nacional seguramente una vez que se había apropiado de los restos de Falange y los había incorporado a una doctrina improvisada sobre la marcha y elaborada para él con conceptos tomados de aquí y allá, por un grupo de intelectuales de su confianza como José María Pemán o Agustín de Foxá que silenciaron al sucesor del fundador -un medroso sustituto llamado Manuel Hedilla- y usaron símbolos y programas del fallecido magnificando su figura como un símbolo divino una vez muerto.
Sin embargo, reciente investigaciones conducidas por el periodista e investigador José María Zavala han dado luz a este episodio maldito. Su investigación apunta por ejemplo, a que si bien el Tribunal Superior de Justicia de Alicante confirmó la sentencia y el Comité Local de Orden Público fijó la fecha de ejecución para la mañana del viernes 20, no se esperó ni se produjo el obligado plácet del Gobierno.
José Antonio fue fusilado pasadas las 6’30 de la mañana, por un pelotón compuesto de siete tiradores, en compañía de otros cuatro reos cuyos nombres se conocen: Ezequiel Mira Iniesta, Luis Segura Baus, Vicente Muñoz Navarro y Luis López López, dos falangistas y dos carlistas locales. Al parecer, en 1939 un miliciano preso llamado Guillermo Toscano que formaba parte del pelotón y que se encargó de administrar los tiros de gracia, confesó su participación poco antes de sufrir en sus propias carnes la misma suerte que los protagonistas de su confesión. El pelotón estaba compuesto por cenetistas, comunistas y soldados regulares. Los que tiraron fueron siete, pero había otro pelotón reserva, así que se reunieron catorce fusileros de los que se conocen casi todos sus nombres: José Pantoja, Luis Serrat, José Pereda, Andrés Gallego, Guillermo Toscano, Paco Beltrán y Juan José González Vázquez, alférez al mando del pelotón. En la reserva se dieron cita un sargento, tres milicianos del 3º Regimiento y dos policías. Los condenados fueron dispuestos en hilera junto al muro del patio próximo a la enfermería y Primo fue el último del grupo que cayó, en una ejecución que debió parecerse más bien a una chapucera carnicería.
De hecho, los fusiles Máuser usados para la sentencia tenían un alcance de casi dos mil metros, pero los disparos se efectuaron solamente a tres es decir, a bocajarro según cuenta una de las cuarenta personas de diferentes estamentos que estuvieron presentes en la ejecución y que están de acuerdo en afirmar que no hubo ni orden de fuego. Un testigo, por nombre Arboleya, narró que Primo se quebró y cayó empapado en sangre de rodillas. A uno de los reos le tuvieron que dar dos tiros de gracia porque el miliciano encargado no ajustó bien el primero. Uno de los verdugos significó que habían hecho seis descargas.
El siniestro ceremonial no solo fue una chapuza inconfesable sino que muchos de los presentes estaban convencidos de que aquello era una atrocidad sin sentido. El gobernador de Alicante se opuso mientras pudo a la pena de muerte, y ninguno de los dos médicos elegidos para reconocer a las víctimas estuvo presente en la ejecución. Uno esperó en la enfermería y el otro simplemente desapareció. De hecho, no hubo ni autopsia ni certificado de fallecimiento. Se expidió en Alicante en 1940 y sirvió para rescatar los restos de Primo de Rivera del nicho donde estaban depositados para llevárselos a Madrid.
