Necesita incorporar, al menos, entre 370 y 565 profesionales al año durante los próximos cinco años
España necesita incorporar entre 370 y 565 psiquiatras al año durante el próximo lustro para alcanzar unas ratios óptimas que garanticen la atención de la creciente demanda en salud mental y que, aunque hay diferencias abismales entre comunidades, están muy alejadas de las de otros países europeos.
Actualmente, España cuenta con 4.393 psiquiatras en el sistema público, lo que eleva esa ratio a 9,27 por 100.000 habitantes; si se suman los 1.036 residentes en formación -aunque no todos la acaban ni los que la culminan terminan ejerciendo-, la cifra sube al 11,5, pero no alcanza aún los valores óptimos de entre 13 y 15 profesionales por 100.000 habitantes.
Son los cálculos que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPM) realizó en el Libro Blanco de la Psiquiatría, una panorámica de la situación actual de la especialidad con la que pretende facilitar la toma de decisiones para mejorar la atención a la salud mental.
A las ratios “palmariamente inferiores” a lo deseable y a las que tienen países como Portugal (14), Reino Unido e Irlanda (19) o Alemania (28), se suma el hecho de que uno de cada cinco psiquiatras españoles (el 20,8%) en activo tienen más de 60 años y el 6,7% superó los 65, con lo que en los próximos años es de esperar alrededor de mil jubilaciones. Para completar la radiografía, la mayoría de los psiquiatras ejerce en el ámbito ambulatorio (61,2%), solo el 53,6% tiene plaza fija, el 84,8% ejerce en adultos y el 92,7% tiene jornada completa.
En un contexto en que la tendencia al alza de la demanda en salud mental, que ya había de antes del covid, se incrementó, sería necesario contratar a entre 370 y 565 profesionales al año durante el próximo lustro, según señaló el expresidente de la Sepsm, Celso Arango.
Más carencias
Aunque la carencia no es exclusiva de psiquiatras, sino que se extiende también a los psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental, que presentan ratios similares, precisó el experto. No obstante, quiso recalcar que son las comunidades las que deben acreditar las plazas que cada año convoca el Ministerio de Sanidad, que subieron más de un 40% en los últimos años.
Porque otra de las amenazas que atenaza la atención a la salud mental en España es la enorme “inequidad” que existe entre autonomías, lamentó Víctor Pérez, que también presidió la Sepsm. Solo cinco comunidades superan la ratio de 11 y dos alcanzan las cifras óptimas (País Vasco, con 15, y Cataluña, con 13,3), pero son muchas las que no llegan ni siquiera al 7: La Rioja (6,9); Extremadura (6,8); Andalucía (6,2); Comunidad Valenciana y Ceuta (ambas con 5,9) y Melilla (4,7).
La brecha autonómica en los recursos humanos se abre también en los asistenciales y en la facilidad y calidad de acceso al sistema; a nivel estatal, existe la Estrategia en Salud Mental 2022–2026 y el Plan de Acción en Salud Mental 2022–2024, pero no hay una Estrategia Nacional de Suicidio o de Humanización de la asistencia.
Mientras que a nivel autonómico todas las comunidades disponen de Estrategias o Planes en Salud Mental, 15 de ellas tienen estrategias o planes de adicciones, 14 de suicidio y 7 de humanización. Diez integraron la red de salud mental y la de adicciones.
Precisamente esta falta de integración de ambas redes es uno de los grandes problemas en la atención de las personas con un trastorno mental. “La duplicación y paralelismo en el que una persona con un determinado trastorno recibe una atención duplicada y en paralelo por parte de dos sistemas de salud que no están integrados es poco eficiente”, resaltó Arango.
