El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó ayer su preocupación por la aparente demolición de cualquier edificio que esté a menos de un kilómetro de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel y advirtió a las autoridades israelíes de que esta destrucción indiscriminada puede constituir un crimen de guerra.
Para Turk, las supuestas demoliciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encajan con el objetivo de crear una zona de seguridad que amplíe la distancia “de facto” entre el territorio palestino y el israelí. En este sentido, señaló que la Convención de Ginebra establece líneas rojas.
Así, conforme al Derecho Internacional, una potencia ocupante sólo puede llevar a cabo este tipo de “destrucción” cuando sea “absolutamente necesario” en términos militares. Turk considera sin embargo que las demoliciones sólo responden ahora a “propósitos generales de seguridad”, por lo que no encajarían con la excepción.
El Alto Comisionado encajó además esta destrucción dentro de un patrón que comenzó en octubre y que implica que las FDI están actuando contra todo tipo de infraestructuras civiles, entre ellas viviendas y centros educativos, “en los que no está habiendo combates”.
“Israel no ha facilitado razones convincentes para una destrucción tan extendida”, subrayó Turk, que sitúa como principales víctimas de estas acciones a la población civil.
No en vano, advirtió que para parte de los desplazados volver a sus lugares de origen puede ser ahora “imposible”, por lo que quiso recordar a las autoridades israelíes que los traslados forzosos de población civil son también un crimen de guerra.
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, alertó por su parte sobre la población del norte de la Franja de Gaza que se encuentra “al borde de la hambruna” debido a los escasos alimentos que llegan a la zona.
De acuerdo con Lazzarini, la última ocasión en que la UNRWA pudo suministrar alimentos a la población del norte de la Franja de Gaza fue el pasado 23 de enero, hace ya más de dos semanas. Además, desde principios de año, las solicitudes de la organización para entregar suministros “han sido rechazadas”. En este contexto, el comisionado general de la UNRWA alertó sobre impedir el acceso de la organización al norte del enclave palestino supone también impedir que la población reciba ayuda humanitaria que “salva vidas”. “Con la voluntad política necesaria, esto puede revertirse fácilmente”, zanjó Lazzarini. Según las autoridades de la Franja de Gaza el balance es de más de 27.800 muertos.
