Las acusaciones populares en el juicio por el accidente del tren Alvia señalaron al ex alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, en su exposición de los informes durante la fase final del proceso.
Tanto la asociación de perjudicados Apafas como la plataforma de víctimas acusan al maquinista Francisco Garzón y al exdirector de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave, y piden cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.
Por parte de Apafas, su abogado, Javier González, criticó por “incomprensible” la decisión del fiscal de retirar la acusación contra Cortabitarte. El letrado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso, quitó hierro a la decisión del fiscal. Y dijo: “perro no come perro”, por lo que para él “no es determinante”.
Manuel Alonso fue duro en sus consideraciones sobre la conducta del maquinista, pero cargó sobre todo contra el ex responsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, presente también ayer en la sala.
Dijo que actuó “como un burócrata” al recibir un dossier de seguridad que elaboró la unión temporal de empresas y que “le avisaba” del riesgo de exceso de velocidad en ese punto en caso de fallo humano, al circular con ASFA en lugar de con el sistema de seguridad ERTMS, que fue retirado de la línea por un cambio del proyecto.
"No hizo nada"
Cortabitarte, que “estaba en sobreaviso” según recalcó el abogado, “no hizo absolutamente nada” cuando recibió ese dossier y luego firmó el certificado de seguridad para la puesta en servicio de la línea. Certificó la puesta en servicio “sin analizar y controlar los riesgos a pesar de que era exigible normativamente”, ha remarcado, y además tenía “ya la fecha” para emitirlo.
Alonso hizo hincapié en la obligatoriedad normativa para replicar al cambio de postura del representante del Ministerio Público. Cito la directiva de 2004 de seguridad ferroviaria y el decreto de 2007 que la traspuso, a modo de contraposición con la argumentación del fiscal, que aludió a un reglamento comunitario posterior, de 2009, y al “galimatías jurídico”, para excusar a Adif y a su exdirector de seguridad Andrés Cortabitarte. También subrayó el riesgo “previsible y evidente” de la curva de A Grandeira, donde descarriló el Alvia, algo que había señalado el jefe de maquinistas, quien “predijo lo que ocurrió” con un informe en el que solicitaba medidas para anticipar la llegada a ese punto en la línea entre Ourense y Santiago.
Sobre la desconexión del sistema de seguridad ERTMS en su modalidad embarcada, que autorizó Cortabitarte, el abogado dijo que para él es una “nueva acción delictiva.
Mientras, el abogado de Apafas, se centró en la reclamación de las indemnizaciones y achacó a la aseguradora de Adif, Allianz, incumplimientos, pero también a QBE, la de Renfe, por haber hecho “pagos parciales e insuficientes”.
