Los trabajadores reclaman a Alcoa “que cumpla lo firmado”

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao rechazó ayer las “amenazas” del presidente de la multinacional y volvió a exigir que se cumpla “lo firmado”, al tiempo que advierte a la empresa de que los trabajadores ya han tenido “flexibilidad” durante “mucho tiempo”.

En declaraciones remitidas a los medios, el presidente del órgano de representación de la plantilla, José Antonio Zan, señala que, a día de hoy, el comité desconoce si se han presentado ofertas no vinculantes en el proceso de venta de la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), y traslada que espera que se convoque una reunión “cuanto antes” para que la empresa aclare “lo que hay y lo que no hay encima de la mesa”.

Por otra parte, en relación a las manifestaciones del presidente de Alcoa, William Oplinger, en una presentación ante el Bank of America, adelantadas por Economía Digital, en las que advertía de que éxito de la venta de la planta dependerá de la participación del Gobierno y de la “flexibilidad” de los sindicatos, José Antonio Zan, las califica como “amenazas” y dice de que los trabajadores ya han tenido “flexibilidad durante mucho tiempo” con la dirección de Alcoa.

“Actualmente, los que está diciendo que incumplen son ellos. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla hasta el último de los párrafos que tienen firmado”, ha subrayó, y apostilló que, “cuando alguien es serio, tiene que hacer todo lo que firma y lo que acuerda”.

En ese sentido, afirma que “no puede ser que este señor”, en alusión a Oplinger “esté con amenazas continuamente”, cuando “hace menos de un año firmó un acuerdo y avaló que se iban a cumplir una serie de inversiones”. Así, proclamó que Alcoa “ya está tardando en comenzar la inversión del horno de cocción” porque, de lo contrario, las “responsabilidades” serían “única y exclusivamente” de la empresa y su presidente.

Por otra parte, la juez de la Audiencia Nacional que investiga la querella que presentó en 2020 la Confederación de Cuadros Profesionales acordó alargar seis meses más las pesquisas que lleva a cabo sobre el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. En un auto, María Tardón explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores. Según los querellantes, los acusados planearon el pase de las plantas de Alu a Parter para trasladar su titularidad al Grupo Industrial Riesgo y, con ello, dejaron las dos factorías “en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocio, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la inversión” para salvar los puestos de trabajo.