El Congreso de los Diputados, con los votos del PP y del único represente del BNG frente al rechazo del PSOE, reclamó ayer al Gobierno activar, “si es necesario”, la intervención pública “instrumental y temporal” de Alcoa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El texto aprobado partió de una iniciativa del BNG defendida por el diputado nacionalista Néstor Rego, y había sido pactada con el Partido Popular. Finalmente salió adelante en la Comisión de Industria del Congreso frente al voto en contra del PSOE y gracias a la abstención de Sumar y Vox, y la ausencia del PNV, Junts y Bildu.
Se trata de una enmienda transaccional que las dos formaciones han pactado a un texto original del Bloque para adoptar medidas urgentes para asegurar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de puestos de trabajo en Alcoa, que plantea cerrar su fábrica en San Cibrao.
La redacción definitiva incluye un punto específico para activar la intervención pública de la empresa de forma temporal, siempre que sea necesario, hasta que se pueda buscar un operador fiable “que presente un proyecto industrial solvente y de futuro con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo”.
Asimismo, se exige a Alcoa el cumplimiento de los compromisos e inversiones previstos en 2023, como la construcción del horno de ánodos, continuando con su ejecución independientemente de que se esté comenzando un proceso de venta de la planta. El PP y el BNG consideran que dichas inversiones son necesarias para garantizar la viabilidad futura de la planta operada por Alcoa o por otro eventual futuro propietario.
Bonificación de peajes
Otro punto que se aprobó es el de mantener la bonificación de peajes del 80% a la industria electrointensiva con carácter permanente. Una petición que dista de la original del BNG, que apostaba directamente por eliminar de la factura eléctrica los costes de peajes y cargos asociados al transporte.
En la iniciaticva se pide al Gobierno también modificar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para crear la figura de las Empresas Hiper-Electrointesivas; garantizar la máxima compensación por dióxido de carbono (CO2) permitida por Europa; y articular una interrumpibilidad que aproveche la capacidad de estas industrias para funcionar como “colchón” en los picos de consumo de energía.
Garantías
Por último, la proposición no de ley incluye un apartado para exigir al Ejecutivo agilizar los trámites necesarios para garantizar “cuanto antes” la efectividad de los contratos de compraventa de energía (PPAs) que la empresa había firmado con diferentes empresas eléctricas, y que incluye nuevos parques eólicos, para el complejo industrial de San Cibrao.
