La Audiencia Nacional arrancó ayer el juicio contra el clan de los charlines despachando las cuestiones previas en las que los acusados pidieron anular el proceso basándose en las dilaciones indebidas, en que los hechos han prescrito y en que se incorporaron a las actuaciones conversaciones confidenciales abogado-cliente. La Sala, siguiendo el criterio del fiscal antidroga Luis Uriarte, rechazó la petición de que los acusados declaren al final y dejó para resolver en sentencia los argumentos de nulidad expuestos ayer.
El tribunal los juzga por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, y en el banquillo se sientan finalmente nueve miembros del clan dado que se presentó un informe médico del acusado José Tato Arca en el que se refleja que su situación le impide ejercer su derecho adecuado a la defensa porque tiene afectada el habla y el entendimiento por una “demencia sobrevenida”.
Durante esas cuestiones previas, la defensa de la acusada Josefa Charlín solicitó que se archive la causa para su defendida porque entiende que los hechos que han prescrito y porque ya fue juzgada por estos mismos hechos y condenada. También señaló una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas porque la causa se demoró 15 años desde que se inició el procedimiento.
El abogado de María Teresa Charlín y Natalia Somoza se adhirió a lo expuesto por la anterior letrada e invocó la nulidad de toda la investigación sobre sus mandantes “por el carácter prospectivo de la investigación”. El resto de acusados, entre ellos, un empresario y dos abogados, secundaron las peticiones e insistieron en que están en la causa por grabaciones de conversaciones que estarían protegidas.
La defensas pidieron la suspensión de la vista hasta que se resuelvan las cuestiones previas y, si no son admitidas, solicitaron que la declaración de los acusados se practique en último lugar. Pero el tribunal resolverá las cuestiones previas en sentencia y rechazó que los acusados declaren al final.
En su turno de respuesta, el fiscal del caso se refirió a las conversaciones telefónicas incluidas en la causa. Indicó que “no se vulneran derechos fundamentales” porque las defensas no concretaron cuáles son las mismas, y porque “no se utilizan por Fiscalía conversaciones abogado-cliente” salvo las del abogado Adán porque está encausado.
Además, sobre la alegación de cosa juzgada y sobre la prescripción, negó ambas subrayando que para que se dé el primero de los casos debe tratarse de las mismas personas y los mismos hechos, algo que no ocurre en este caso a su juicio. Y en cuanto a las dilaciones indebidas, el fiscal apuntó que el legislador ya dio respuesta creando la figura de las atenuantes.
