¿Cuándo entra en vigor la bajada de 20 céntimos de la gasolina y el diésel?

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el veto a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- desgranaron ayer las principales líneas del real decreto-ley que se extenderá hasta junio, con el objetivo de frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.

El Gobierno contempla la movilización de 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal “importante” en los presupuestos, según reconoció la propia vicepresidenta primera, aunque ha indicado que hay margen porque el déficit de 2021 ha sido menor del estimado.

Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Entre las medidas más importantes que esbozó la vicepresidenta primera para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.

Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.

También se ha dado luz verde al Plan Nacional de Ciberseguridad que, finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente.

En cuanto al eje vinculado a la energía, el objetivo del Gobierno es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad. Además de esto, y entre las medidas vinculadas a la energía, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus beneficios caídos del cielo. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para empresas del transporte de mercancías.

Las ayudas directas de 450 millones de euros se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias. Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, se impulsa un paquete de medidas por 1.000 millones de euros.

El Gobierno y sus socios rechazan bajar impuestos a los carburantes

El PSOE, Unidas Podemos, el PNV, EH Bildu y el PDeCat rechazaron ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados la propuesta del PP para rebajar al máximo los impuestos aplicados a los carburantes, que sí respaldaron Vox, Ciudadanos y Foro Asturias. La propuesta, que se votará en el Pleno del jueves, pasa por bajar al mínimo legal el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y por promover en la Unión Europea una suspensión temporal del mismo, así como del IVA a los mismos, y rebajar al 4 el IVA al gas y a la calefacción.

El responsable en materia energética del PP, Guillermo Mariscal, esgrimió que con esta iniciativa llenar un depósito de gasolina costaría 23 euros menos y uno de diésel, 20 euros menos. Por eso, instó al Gobierno a renunciar a aplicar las subidas propuestas por su comité de expertos, concentradas en estos productos para propiciar la electrificación de la economía.

María Muñoz, de Cs, respaldó estas medidas ante una “situación insostenible”, al igual que lo hizo Patricia Rueda (Vox), que en todo caso recordó a la bancada popular que fueron los gobiernos de Mariano Rajoy los que endurecieron esta fiscalidad y propiciaron la actual dependencia energética.

Subidas recordadas también una a una por la portavoz presupuestaria del PSOE, Montse Mínguez: Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica al 7%, ahora suspendido, Impuesto Especial sobre la Energía Eléctrica al 5,11%, rebajado ahora al mínimo legal del 0,5%, y del IVA al 21%, que ahora está al 10%. Unas rebajas prorrogadas en el decreto ley aprobado ayer, dijo Mínguez

La palabra de Sánchez

El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, reiteró sus quejas de que los populares no conocen el plan del Gobierno central para hacer frente al alza de precios, pero remarcó, en todo caso, que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debe “cumplir su palabra” e incorporar una bajada de impuestos como se acordó en la reunión de presidentes autonómicos desarrollada en La Palma.