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Junts avanzó ayer que votará en contra del decreto “omnibus” del Gobierno sobre Justicia porque, a su juicio, “pone en peligro” la aplicación de la ley de amnistía. Fuentes de Junts argumentan que el decreto también afecta competencias de la Generalitat, “agrava la infrafinanciación” y lamentan que les “han enseñado dos reales decretos sin margen de poder estudiarlos suficientemente bien”.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunieron el en Barcelona, según confirmaron las mismas fuentes. Turull manifestó la intención de Junst de votar en contra, al considerar que el decreto podía poner obstáculos a la ley de amnistía. Y tampoco ven con buenos ojos los independentistas su tramitación como proyecto de ley, que consideran “una trampa”. El decreto será debatido y votado en el pleno de la próxima semana en el Congreso y los votos de Junts son necesarios para que pueda aprobarse.
En concreto, Junts recela de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) incluida en el decreto, por la que las causas judiciales quedarían paralizadas cuando un magistrado planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto, según Junts, obstaculizaría la aplicación de la ley de amnistía una vez aprobada.
La oferta del PSOE es tramitarlo como proyecto de ley, lo que alargaría los plazos y permitiría a los grupos parlamentarios estudiar y debatir el proyecto y finalmente proponer enmiendas.
Pero Junts, avisado por la maniobra del Gobierno de tramitar de esta forma una cuestión que puede afectar a la ley de amnistía -acuerdo clave para que Pedro Sánchez pudiera ser investido el pasado noviembre después de meses de negociaciones- parece que no se fía y lo que busca es una alternativa. Creen que se puede retirar el decreto y hacer otro que no incluya esta cuestión. En Junts también señalan que hay más aspectos del decreto que afectan al autogobierno.
Junts ya expresó su descontento en las últimas semanas. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, calificó el texto como una “macedonia”, y alertó de contenidos de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que podrían retrasar la aplicación de la amnistía. El punto en cuestión está inserto en el real decreto 6/2023 y consiste en que el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) implicará la suspensión de la amnistía hasta la resolución de la instancia judicial europea. En Junts, piensan que el Gobierno trata de aplacar así el malestar de los jueces con todo la polémica que ha rodeado a la negociación de la ley de amnistía.
Así las cosas, un voto negativo de Junts supondría un duro revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y una nueva fractura del pacto del PSOE con Puigdemont, después del fracaso de España de hacer oficial el catalán en la UE.
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