La inmigración es ya el primer problema para los españoles

La inmigración se colocó como primer problema nacional según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, en el que se anota el doble de menciones que en julio, pasando del un 16,9% a un 30,4%, lo que la coloca por delante de los problemas políticos y del paro, y en unos registros que no se veían desde 2007, tras la conocida como “crisis de los cayucos”.

Según este estudio, presentado ayer y basado en 4.027 entrevistas realizadas en los seis primeros días del mes, el segundo problema de España son los de índole política, con un 20,6% similar al de la encuesta anterior, mientras que la tercera plaza la ocupa el paro, que cae seis puntos y se queda en el 20,1%. El incremento de la preocupación por la inmigración llega con la crisis migratoria agravada durante el verano y la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para reparto de los menores migrantes que están llegando a Canarias.

Con este panorama, las menciones a la inmigración llegan al 30,4%, frente al 16,9% de julio, cuando se situó como cuarto problema del país. Hace un año apenabas recababa un 5,7% y ahora vuelve a los niveles que registró en 2007, pero aún está lejos de su récord, el 59,2% de septiembre de 2006, cuando estalló aquella “crisis de los cayucos” durante el mandato de Zapatero.

Tras los problemas políticos (20,6%) y el paro (20,1%), la cuarta plaza de la tabla general es para la crisis económica con el mismo 19,8% de julio. Le siguen la categoría “desigualdades, incluida la de género, las diferencias de clases y la pobreza”, que pasa de la novena a la quinta posición al subir casi siete puntos, hasta el 16,1%, y la vivienda que sube dos puntos y se coloca con un 15,4%.

Que la inmigración se convirtiese en la principal preocupación de los españoles tiene mucho que ver con la continúa llegada de cayucos a las costas del país, principalmente Canarias y Andalucía. Precisamente ayer un total de once embarcaciones llegaba a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro con 631 personas migrantes a bordo. Diez de las embarcaciones fueron interceptadas por Salvamento Marítimo y otra llegó por sus propios medios con 67 migrantes a la playa de La Garita, en el municipio de Haría.

Recurso de la fiscalía

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Canarias presentó ayer, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un recurso contencioso-administrativo contra el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias del pasado 12 de septiembre. La Fiscalía entiende que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.

En un comunicado detalló que en el mismo recurso, se solicita al TSJC como “medida cautelarísima” la suspensión del protocolo, ya que su ejecución supone la “ausencia de atención inmediata” a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar.

La UE destinará 14 millones adicionales para Canarias

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, anunció ayer la puesta en marcha de un paquete de cinco medidas para afrontar la “excepcional” crisis migratoria que está viviendo Canarias y que incluye, entre otras acciones, una partida de 14 millones de euros de ayuda adicional para aliviar los sistemas de acogida en las Islas. Este paquete de medidas fue presentado en una rueda de prensa en la que intervino junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con motivo de su visita a las Islas ante los retos migratorios a los que se enfrenta el archipiélago.

En concreto, este plan de acción contempla una aportación de 14 millones de euros de ayuda de emergencia adicional, que se suman a los 20 millones que ya aportó la Comisión Europea el pasado mes de marzo, para aumentar la capacidad de acogida, creación, renovación de centros y aliviar la presión sobre los sistemas de atención en España y en las Islas. Asimismo, se abre la posibilidad de que España pueda recurrir de forma excepcional a los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para políticas migratorias.