Sánchez lanza su plan unilateral para controlar a los medios informativos

El Consejo de Ministros aprobó el plan de regeneración democrática que prometió Pedro Sánchez tras la investigación judicial abierta contra su mujer, Begoña Gómez. El presidente del Gobierno hizo esta promesa tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de acoso que consideraba que existía contra él y su familia. El plan es una “hoja de ruta” que tendrá que tener el visto bueno tanto del Congreso y del Senado, donde a priori no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

El Gobierno encargará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el marco de su Plan de Acción por la Democracia, que presentó ayer el Ejecutivo, “para garantizar una mayor transparencia e independencia en los medios de comunicación”.

“Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, y, en ese caso, hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC)”, anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, el titular de la cartera de Cultura avanzó que se va a “reformar” dicha comisión con el objetivo de que “pueda asumir esas competencias” y así “establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación, entre otras plataformas, cuya finalidad no es informar”.

Inversión publicitaria

La segunda medida, según indicó Urtasun, es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. “Esta es una información que hoy o no se presenta, o se presenta de forma opaca”, indicó, para después añadir que a partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información “de forma visible, clara y transparente”.

El Ejecutivo también va a reformar la ley de publicidad institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Urtasun aclaró que estos criterios serán elaborados a partir del trabajo con expertos, el sector de la comunicación y los grupos parlamentarios, pero no avanzó que medidas tomarán y como afectarán esos criterios a los medios.

Esta misma ley, según avanzó el ministro de Cultura, será reformada para garantizar que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumpla los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. “Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales”, subrayó.

“Estas dos reformas que acabo de mencionar de la ley de publicidad institucional tienen dos objetivos: hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las ”fake news”, argumentó el ministro.

El Ejecutivo pretende vigilar a través de Competencia quién les aporta financiación

Entre las principales medidas que quiere aprobar el Gobierno con este nuevo plan se encuentran establecer una obligación legal de rendir cuentas cada seis meses para todas las administraciones, aprobar una estrategia contra la corrupción, crear la Autoridad independiente de protección del informante y ampliar la plantilla de la Fiscalía para luchar contra la corrupción pública y privada.

Además, en lo que se refiere a los medios de comunicación, la intención es crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.

Por otra parte, la intención es limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas, impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos.

El objetivo del Ejecutivo también es aprobar una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación, reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación, la reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público y poner en marcha un programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios.

Además se reformará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.