La población reclusa no es dada a participar en las convocatorias electorales. Las razones son múltiples, pero lo cierto es que menos de 5.000 personas encarceladas (4.886) votaron en las últimas elecciones generales en 2019 en toda España. Teniendo en cuenta que la cifra total supera con creces los 45.000, es sencillo colegir que la movilización electoral es muy limitada, rondando el 10%.
Con todo, fuera de estos números quedan los reclusos en tercer grado, que tienen libertad para salir durante el día. Eso les concede la posibilidad de gestionar su voto como cualquier otra persona, tanto de manera presencial el mismo día de las elecciones como por correo.
Los que no tienen esa posibilidad, deben gestionar su derecho al voto a través de la propia penitenciaria. Primero, solicitando tal posibilidad a los responsables, quienes gestionan el voto por correo para aquellos presos que lo deseen. Hay que tener en cuenta también que parte de la comunidad penitenciaria no tiene nacionalidad española, con lo que no está recogida en el censo electoral ni puede votar.
Con tan baja participación, lo cierto es que no existen datos fiables sobre las preferencias políticas de las personas encarceladas. Los responsables de Instituciones Penitenciarias se centran en garantizar el derecho de quienes deseen participar en los comicios, aunque sin tener que realizar un gran esfuerzo logístico debido a ese bajo grado de participación, con apenas 1 de cada 10 presos participando en la elección de las próximas cámaras legislativas.
Tal vez por esa escasísima trascendencia a nivel electoral, es muy extraño encontrar referencias a la política penitenciaria dentro de las campañas de los partidos. La población reclusa, como en tantos otros aspectos, no se siente parte de esta actividad política.
