Los jubilados reclaman 1.080 euros como pensión mínima

Pensionistas de toda España se manifestaron ayer por las calles de Madrid con el apoyo de diversos colectivos y con el fin de exigir al Gobierno en funciones que establezca de inmediato la pensión mínima en 1.080 euros en 14 pagas con efecto retroactivo desde enero de 2023.

El movimiento pensionista, que congregó a 4.000 personas según cifras de la Delegación de Gobierno, fue convocado por la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), al que se unieron diferentes organizaciones del resto de España. La marcha salió desde la calle de Atocha a las 11.00 horas, y atravesó el Paseo del Prado y la calle Alcalá, hasta finalizar su recorrido en la Puerta del Sol.

“¿Jubilados? ¡Jorobados!” o “Yo pagué, ¡devolved!” fueron algunas de las frases que se podían leer en las pancartas de la concentración. También los manifestantes defendieron que no hubiese “privatizaciones ni recortes” el servicio.

En declaraciones a los medios, el portavoz de COESPE, Ramón Franquesa, reclamó la subida de las pensiones públicas, pero también que “la recuperación debe extenderse también a los salarios”, además de afirmar de que “deben revalorizarse en relación con el coste de la vida, no solo por una noción básica de justicia, sino porque, si se degradan los salarios, aumenta el riesgo de dificultades para la Seguridad Social”.

Para los convocantes de la manifestación, las pensiones mínimas deben situarse en 1.080 euros, dado que “las pensiones no deben fijarse con relación a indicadores de pobreza, sino a indicadores salariales, como salario indirecto que son”. Además, apostaron por cerrar la brecha de género que sufren las mujeres trabajadoras y pensionistas y acabar con las formas laborales que “evaden cotizar a la Seguridad Social comprometiendo la pensión de las y los trabajadores en el futuro”.

La Coordinadora en defensa del Sistema Público de Pensiones pidió una auditoria de los fondos de la Seguridad Social tal y como exige la ley, lo que, en su opinión, servirá “para determinar dónde ha ido el dinero de las pensiones públicas y así demostrar que nuestro régimen de reparto es sostenible y puede generar recursos para atender todas las reivindicaciones”.