Inspección de Trabajo tiene puesta la lupa sobre 2.500 empresas en Galicia por presunto fraude en el uso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE). Se trata del número de actuaciones generadas por la autoridad laboral en la comunidad gallega desde el inicio de la pandemia hasta el pasado junio, si bien una minoría acabaron en infracción.
Concretamente se impusieron 414 sanciones por un importe conjunto de 1,9 millones de euros. Es decir, sólo un 4,6% de los ERTE que había en vigor en Galicia por entonces (datos a 1 de junio) concurrió en algún tipo de ilegalidad.
En el caso de la provincia de Pontevedra el porcentaje es todavía menor, de apenas un 2%, con 678 actuaciones de las que sólo 59 acabaron en infracción por importe de algo más de 275.000 euros.
En el conjunto de España el número de procedimientos abiertos asciende a 39.136, de los que 5.500 fueron sancionados por valor de 25,9 millones. En todo caso, el número de infracciones no es equivalente al número de empresas ya que hay casos en los que alguna compañía tenga más de una sanción.
Así lo refleja el Ministerio de Trabajo dentro de la campaña desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los fraudes en el uso de los ERTE.
Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno tras el primer estado de alarma en 2020 con la finalidad de controlar movimientos de afiliación y alta laboral en empresas que habían presentado un expediente de regulación, una medida que se hizo extensiva en buena parte del entramado empresarial en los peores meses de la pandemia.
Fue en abril del año pasado cuando se dio el pico más alto. En la provincia de Pontevedra se llegaron a superar los 120.000 ERTE y cerca de 80.000 trabajadores afectados entre los de fuerza mayor y también los ETOP, de causas técnicas, organizativas y de producción. El mes pasado había apenas 5.000 personas en ERTE en la provincia y 13.000 en Galicia.
El fin de la temporada de verano será clave para comprobar el estado de salud del mercado laboral y la evolución de los ERTE que aspiran a una nueva prórroga, la quinta, a partir del 30 de septiembre tal y como aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que indicó que se negociaría el acuerdo actualmente vigente.
