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La defensa de Santi Mina presentará ante el Tribunal Supremo, según adelanta en su escrito en el que anuncia su recurso de casación, toda una batería de cuestiones para intentar que el exjugador del Celta sea absuelto o le sea rebajada la pena de 4 años de cárcel por abuso sexual, condena fijada por la Audiencia Provincial de Almería y ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También la acusación ha presentado ese mismo escrito, aunque en su caso con una argumentación más breve.
La defensa considera que en las sentencias dictadas ha habido infracción de ley, quebrantamiento de forma e infracción de preceptos constitucionales. Entre estos últimos nombra la vulneración de principios como las presunción de inocencia o el ‘in dubio pro reo’. Se reitera lo ya expuesto en anteriores alegaciones desoídas sobre la falta de imparcialidad o neutralidad del tribunal encargado del caso; el hecho de que la acusación inicial era de agresión sexual y no de abuso, por la que fue condenado; o la no aclaración de cuáles se consideran hechos probados.
En cuanto al quebrantamiento de forma, la defensa del vigués apunta las pruebas denegadas sobre las negociaciones económicas previas entre las partes buscando un acuerdo antes del juicio o la no respuesta específica del TSJA de algunas de las alegaciones tras la sentencia. Y en el apartado de infracción de ley, pone en duda la calificación jurídica de los hechos; resalta que, a su parecer, no hubo prevalimiento ni dolo; y reclama la aceptación de un informe pericial psiquiátrico, así como de informe de vida laboral que, señala, confirma que la víctima nunca estuvo de baja.
Por su parte, los abogados de la víctima centran todo su recurso de casación en la infracción de la ley, con varios puntos concretos: la existencia de violencia, intimidación ambiental y abuso de poder en la comisión del delito juzgado; la fijación errónea de la pena mínima por el delito por el que es condenado Mina, de abuso sexual; la figura de cooperador necesario de David Goldar, absuelto de toda culpa tanto por la Audiencia Provincial de Almería como por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y, por último, el desacuerdo con el cálculo de la responsabilidad civil, que fue rebajada por el TSJA.
La llegada al Supremo del caso Mina era esperada desde que se produjo la primera sentencia en junio de 2022 por unos hechos acaecidos en 2017. El alto tribunal debe valorar primero si entra en el caso, aunque es previsible que así sea. A partir de ahí, no es sencillo establecer un plazo para una sentencia, aunque es habitual que éstas se retrasen dos o tres años.
Mientras tanto, Mina, a sus 27 años, se encuentra sin equipo tras ser despedido el pasado verano por el Celta. Su situación penal, obviamente, complica que pueda ejercer su profesión, aunque ningún juzgado lo ha encarcelado todavía ni le ha retirado su pasaporte.
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