La doctrina Botín ha sido uno de los mayores, sino el mayor atentado a la democracia cometido en los últimos años en España.
En el teórico Estado de Derecho de nuestra pretendida democracia, cuando se comete un acto contra ley o existe la presunción del tal, contra los intereses del Estado, quien tiene la misión de velar para que ello no se produzca, quien ha de defender los intereses de todos ante quien presumiblemente los ha vulnerado, es la Fiscalía, aunque también puede hacerlo la llamada Acción Popular, es decir, cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, colectivos u organización licita de cualquier tipo, quienes están legitimados para instar la actuación de la Administración de Justicia, en defensa de los intereses colectivos.
Conviene recordar aquí que en una democracia real el poder reside en el pueblo, quien debe tomar las decisiones (ej: Suiza) y quien delega la consecución de las leyes en el Parlamento (el llamado poder legislativo), la ejecución de las decisiones en el gobierno (el llamado poder ejecutivo) y el control del funcionamiento del sistema en la Judicatura (el llamado poder judicial), de quien teóricamente depende la Fiscalía, todos ellos independientes y sometidos a la suprema voluntad popular. Si en España nuestra democracia se parece a esto, como un huevo a una castaña, es harina de otro costal, pues aquí el protagonismo del pueblo ha sido relegado a votar cada cuatro años a unas listas cerradas y blindadas, entre personajes designados por las élites de cada partido, convertidos ya en puras mafias políticas, en cuyas organizaciones no hay nada mas temido que las nuevas afiliaciones y la democracia interna, donde el oscurantismo mas feroz lo domina todo y donde nunca triunfan los mejores, sino los mas serviles, los que mas recaudan, y aquellos cuyos escrúpulos suelen dejar mucho que desear, al menos eso ocurre aquí con los principales partidos.
En ese panorama, la independencia de poderes no existe lo mas mínimo, pues el presidente del gobierno, del partido que sea, se convierte en un absoluto dictador, quien pone gobierno, decide el contenido de las leyes en caso de mayoría absoluta, o acaba pactando leyes-miscelánea, resultado de contemplar intereses incluso contrapuestos en un mismo documento, generalmente bastante impresentable, que acaba causando mas problemas que los que trata de resolver. Finalmente no solo nombra los cargos del poder judicial, nombra al Fiscal General, al Tribunal Supremo, al Constitucional, sino que decide lo fundamental en cualquier poder, el alcance de su presupuesto, por supuesto absolutamente exiguo.
En ese estado de cosas se produce la llamada doctrina Botín, como resolución del Tribunal Supremo en 2007, avalando la decisión de la Audiencia Nacional, de limitar la Acción Popular para pedir la apertura de juicio oral, cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
Se discutía sobre unas cesiones de crédito que permitieron al Banco de Santander, a cuyo frente estaba Emilio Botín, de eludir un enorme dineral en impuestos, lo que hubiera podido dar con los huesos en la cárcel, del mayor banquero español, uno de los mayores del mundo y a juicio de todos los mentideros políticos, el mayor sostén de los principales partidos políticos españoles. El asunto alcanzaba los 2.500 millones de euros. Los supuestos perjudicados privados fueron “convencidos” convenientemente, la Fiscalía, en sintonía con el Gobierno, canallescamente no solo hizo mutis por el foro, sino que se convirtió en el mejor instrumento de la defensa del “presunto”, y al Tribunal Supremo solo le quedó perpetrar el mayor atentado a la democracia, cargarse al último reducto fiable de control que le quedaba a este país, la Acción Popular.
¿Qué vil argumento sostiene tal barbaridad democrática?. Veamos: Si el pueblo delega en los distintos poderes las actuaciones a que haya lugar, la decisión de la Fiscalía es una decisión popular, pues proviene de uno de los poderes del Estado representando a todos los españoles, algo muy por encima de la representación que pudiera ostentar la Acción Popular. Al final, Botín se fue de rositas, nuestras arcas públicas al carajo, los partidos respiraron, los políticos siguieron sometiéndose a la banca y todo ello, simplemente por que así lo quiso “la voluntad popular”.
Pues bien, ahora un padre de la patria, un redactor de la Constitución, esa que habla del poder del pueblo y bla, bla, bla, defendiendo a una pobre ama de casa que no se enteraba de nada, mientras su marido trincaba como un león, para poder ofrecerle a su princesa la mansión que su suegro (menudo personaje…) había requerido para tan alta alcurnia, apela a la aplicación de la doctrina Botín para su defendida, pues la Fiscalía, un tio de Cuenca y una señora de Albacete, son al parecer los únicos, en toda España, que no ven delito alguno en las acciones de la insigne dama, lo cual, evidentemente, por virtud del tejemaneje expuesto anteriormente, significa que “la voluntad de los españoles” es que no se procese a la Infanta, pobriña…
Lo probable: 2015, con elecciones municipales, autonómicas y generales no esta para doctrinas Botín, por lo cual habrá morbo y banquillo para la infanta (nada aporta a los partidos), quien condenada a menos de dos años, se librará del talego, en el que acabarán, ya con un nuevo gobierno-misterio, todos los plebeyos encausados, si finalmente no se libra alguno muy alto por causa de indultos, caducidades o cualquier otro error judicial.
