Santiago Calatrava, es un ingeniero, arquitecto y escultor español de reconocido prestigio, mundialmente admirado, casi tanto como él se admira a sí mismo, y aunque reconozco ser un defensor de su obra en general, al menos de sus genialidades, que las tiene, el supremo endiosamiento en el que está instalado, le impide reconocer que no hay obra suya, como tantas de muchos otros, que no acabe en tremendos follones de insensatas demoras, presupuestos y disfuncionalidades alarmantes, que ahora intenta justificar a través de significativas y supuestas persecuciones políticas.
La obra de Calatrava, al igual que la de la casi totalidad de los arquitectos estrella actuales, se ciñe casi exclusivamente a encargos de la Administración, encargos de políticos que quieren pasar a la historia por haber llevado a cabo hitos arquitectónicos que prestigien sus campos de acción, a través de personajes reconocidos mundialmente.
En la práctica totalidad de los casos, se producen siempre enormes retrasos en la construcción, incumplimientos alarmante en los presupuestos, y tremendos problemas de mantenimiento posterior.
Pero el asunto, tiene varios responsables y dudosas justificaciones.
Cuando la Administración decide llevar a cabo una obra de gran presupuesto, y encargársela a un “artista” de fama internacional, al igual que debería hacer con cualquier tipo de obra, lo primero que debe tener claro es la cantidad presupuestada al efecto. ¿Cuál es el dinero del administrado del que se dispone para el invento, en detrimento de otras necesidades?, pues no hay que olvidar que en política, decidir es priorizar opciones. Si disponemos de una cantidad concreta, el primer mandamiento, en bien de la colectividad y de otras necesidades, es no sobrepasarla. Con esa cantidad, hemos de estudiar si podemos acometer lo deseado encargándoselo a quien, por su prestigio y por vivir en una nube, puede desfasarnos nuestras previsiones hasta límites inasumibles.
Antes de llevar a cabo un concurso público para la adjudicación del proyecto, es imprescindible llevar a cabo otro concurso para adjudicar el control de tiempos, costes y calidades (Project management), con un pliego de condiciones que responsabilice económicamente a la empresa de control, en caso de fallidos.
Adjudicado el control, se abrirá el concurso para adjudicar el proyecto, que habrá de someterse escrupulosamente a un pliego de condiciones, a un presupuesto claramente establecido y a unas prescripciones de mantenimiento posterior, que no encarezcan la normal dotación periódica que exige su funcionamiento en condiciones. Los presentados deberán pasar el filtro de la empresa de control, quien garantizará que lo proyectado cumple el pliego y puede ajustarse al presupuesto disponible, pues de no ser así deberá pedirse al autor de la propuesta que la reforme y se adapte a las condiciones para ser admitido a concurso. Solo a partir de ahí deberá decidir el jurado del concurso sobre la preferencia a la hora de adjudicar el proyecto.
Una vez adjudicado, el autor deberá someterse al tiempo establecido, al presupuesto que habrá de justificar detalladamente, y a la idoneidad de técnicas, materiales y programa requerido, estando todo ello sometido de nuevo a la empresa de control.
Aprobado el proyecto, se abrirá un concurso para adjudicar la obra, debiendo presentar las constructoras concursantes un informe sobre la viabilidad técnica y económica que implique la no existencia posterior de nuevas partidas no contempladas, estudio que deberá ser fiscalizado también por la empresa de control, adjudicándose la obra, a poder ser, a precio cerrado, debiendo, la empresa de control, velar durante toda su ejecución, tanto por el estricto cumplimiento del presupuesto asignado, como por los plazos y las calidades.
Así las cosas, las obras se finalizan en plazo, cumpliendo presupuestos y garantizando la funcionalidad del resultado final. Un ejemplo conocido ha sido el Guggenheim en Bilbao, y ya entre nosotros, la adaptación de Balaidos para el mundial 82, entre otras.
¿Qué ocurre normalmente? No se contrata empresa de control de costes, tiempos y condiciones alguna, los proyectos que concurren no se someten a chequeo alguno presupuestario, no se exigen garantías ni responsabilidades, no se prevé el mantenimiento posterior, se nombran jurados que desconocen totalmente la dinámica presupuestaria de un proyecto y sus ajustes, no se exigen ausencia de desvíos a las empresas constructoras, no se hace un seguimiento presupuestario a lo largo de la construcción, se arbitran aumentos presupuestarios a destajo, en general no demasiado justificados, etc. Todo ello, suele suponer un “colchón” de tal calibre, que acaba amparando todo tipo de partidas de dudoso (o no tan dudoso) destino, de las que tanto vamos conociendo actualmente. Cuanto más diferencias presupuestarias, mejor…
Esto se sabe desde hace décadas, aunque otra cosa es poder demostrarlo con vistas a su oportuna denuncia, donde se precisan pruebas que, salvo estupidez manifiesta, nadie va dejando por el camino, aunque sospecho que la canallada de hacer pagar el pato de la crisis a los funcionarios, negándoles su paga y bajándoles el sueldo, tras años de condena a vivir en silencio tales vilezas, está acelerando espectacularmente el conocimiento por parte de la prensa de gran parte de toda esta choricería.
