El articulo 1 de la Constitución Española de 1978 lo dice con total claridad: la soberanía nacional reside en el pueblo español, de quien emanan los poderes del Estado. Para rematar, el artículo 2 sentencia que la “Constitución de fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”. Bien es verdad que ese precepto, después de afirmar rotundamente la indisoluble unidad de la nación española, introduce con valor normativo la expresión “nacionalidades”, lo cual, guste o no, genera confusión y distorsiona la limpieza del aserto anterior, además de ser un error juridico-histórico de tamaño natural, cometido, muy posiblemente, para que los nacionalismos excluyentes aceptaran construir a España con la forma de Monarquía Parlamentaria, sancionando la instauración del General Franco en la persona de D. Juan Carlos de Borbón, a quien constitucionalmente se califica de “legitimo heredero de la dinastía histórica”.
Pero dejando de lado este error, no hay duda de que si la Constitución se aprobó por todos los españoles, solo pueden ser modificada en términos de sustancia por el acuerdo de todos los españoles. Simplemente por este ligero detalle no cabe el derecho a decidir de una parte del territorio y de una porción de españoles (léase catalanes o vascos) a plantear romper el modelo constitucional de forma unilateral. Esas afirmaciones se construyen sobre lo que se ha llamado el decisionismo político: yo decido si acato o no las normas jurídicas. Si me convienen a mis criterios, la acepto. En otro caso construyo artificiales expedientes jurídicos para justificar mi desobediencia.
Llamemos a la cosas por el nombre que tienen: esto es lo que están haciendo los independentistas catalanes. Sitúan su premisa: no quiero seguir en España; añaden: quiero que el pueblo catalán decida. Y a partir de aquí acusan al Gobierno central de no querer “negociar”, y recaban la ayuda, posiblemente contaminada, de ciertos empresarios del sector real y financiero de Cataluña para que el gobierno ceda en su posición y acepte la negociación
Pero, ¿qué es lo que hay que negociar? Si yo parto de una posición de ilegalidad, ¿acaso quieren que negociemos sobre lo ilegal? ¿Queremos que a la ilegalidad de los independentismos añadamos la ilegalidad del Gobierno central? Una cosa es que el Sr. Mas se presente ante el gobierno español y diga algo así como que vamos a ver si introducimos reformas en la Constitución, intentemos cambiar el modelo de Estado territorial. Eso es una pretensión legitima. Incluso yo creo, y lo escribí en 1994, que la reforma Constitucional es imprescindible y pronto se darán cuenta algunos de que además es relativamente urgente. Pero la reforma es cosa de todos los españoles y no, insisto, de algunos de ellos, se fundamente o no en supuestos derechos históricos que no precisan con claridad, seguramente porque son mas entelequiales que otra cosa.
No, no se puede negociar si el planteamiento inicial es el que nos transmiten. Ya se que algunos dirán que lo de ilegal es muy discutible. Para mi no lo es. En mi opinión la posición es rotunda: no caben secesionismos unilaterales. ¿Y si plantean, como quieren algunos, una consulta no vinculante? Pues eso sería una trampa saducea porque si es no vinculante algunos votarán independencia con mas alegría, porque como no pasa nada...Pero ¿acaso con un 60 por 100 de votos independentistas no dirían que la democracia exige que lo que nació como no vinculante se transforme en definitivo?. Yo no me fiaría ni un pelo de esos planteamientos
Seamos claros: estoy a favor de un proceso constituyente ordenado y sereno con participación de la sociedad civil para la construcción de un nuevo texto constitucional que sea sometido a todos los españoles y en el que se pronuncien sobre la forma de Estado, sobre el modelo territorial, sobre las demás cuestiones que aconseja la experiencia vivida, entre otras y fundamentalmente la presencia directa de la sociedad civil en los órganos del Estado. Eso me parece no solo correcto sino imprescindible. Pero los planteamientos artificiales en su soporte doctrinal, decisionistas en su violación de la Ley y unilaterales en su modelo de Estado, esos no son negociables, porque sería tanto com o ofender al resto de los españoles.
