Como en la Alemania nazi y en los países comunistas, en los que las terribles agencias de represión se tapaban con nombres que aparentaban cuidar a los ciudadanos, la Generalidad catalana ha creado una “Oficina para la defensa de los Derechos Civiles y Políticos” para fichar a quienes estén contra el “prosés” separatista.
La policía política del franquismo tenía como nombre oficial Brigada de Investigación Social (BSI), que disimulaba sus objetivos dando a entender que trabajaba para mejorar la vida ciudadana.
El nuevo organismo, dentro de la vicepresidencia de la Generalitat, otra estructura más de supersueldos, está dirigido por Adam Majó, veterano miembro de la CUP, Candidatura de la Unidad Popular, base de las revueltas contra las leyes y la Constitución.
Su objetivo real es denunciar, fichar y reprimir –los ficheros llegarán a la CUP- a quienes se expresen contra la imposición separatista, por ejemplo, los “terroristas” según Carles Puigdemont, que retiran lazos amarillos.
Su principal objetivo es “Luchar contra las actitudes violentas o denigrantes que atentan contra la cohesión y la convivencia en Cataluña, valores públicos compartidos que se fundamentan en el respeto a la diversidad, entendida como una riqueza y una fortaleza”. Obviamente esos valores son sólo los separatistas.
“Hacer el seguimiento de las posibles vulneraciones de estos derechos y dar apoyo a las personas y colectivos que han podido ser víctimas”.
Obsérvese sutil manera de exponer un sistema totalitario de persecución de la oposición democrática, pues no va a defenderse a los constitucionalistas sino perseguir a quienes colocan por ejemplo banderas españolas, lo que es provocación, incluso terrorismo, cuyas las víctimas son los separatistas.
Aquí no hay jueces, hay listas, listas de malhechores para uso obviamente de la CUP y similares, cuyos matones ejecutarán su justicia.
