Fiscalía procorrupción

Fiscalía procorrupción

Se llama Fiscalía Anticorrupción porque debe perseguir grandes corrupciones, entre ellas las políticas, pero desde hace dos meses parece que protege algunas aplicando un apaciguador “sentido de Estado”.
Su recién nombrado titular, Manuel María Moix, acaba de retirar, prácticamente destituir, a los dos fiscales que investigaban la enorme corrupción de CDC, el partido nacionalista creado por Jordi Pujol, convertido ahora en independentista con distinto nombre, PDeCAT; Partit Demòcrata Europeu Català, pero con similares dirigentes.
Es el caso del tres por ciento de comisiones –casi siempre más- por el que declararon importantes figuras del ese nacionalismo, y cuyas revelaciones comenzaban a mostrar las gigantescas ramas de la putrefacta política catalana.
“La destitución de Grinda y Bermejo es una maniobra del poder político para desinflar la pegada de una institución que, por diversos motivos, no resulta lo controlable que se desearía”, dice el fiscal exjefe anticorrupción (1995-2003) Carlos Jiménez Villarejo.
Moix le devolvió los casos del tres por ciento a la fiscalía barcelonesa, para muchos tan contaminada por el nacionalismo que ni siquiera encontró delito en el referéndum separatista del 9 de noviembre de 2014 ordenado por Artur Mas y la Generalidad, y que el Supremo condenó parcialmente con alguna inhabilitación.
Con este trasvase de los casos la investigación sobre la corrupción nacionalista se retrasaría hasta dos años, dicen notables juristas.
 Mientras, los corruptos siguen propugnando el separatismo y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se intercambia libros, risas y sonrisas con Oriol Junqueras, el aparentemente limpio líder independentista y posible presidente catalán futuro.
 La interpretación más misericordiosa sobre las destituciones cree que serían una concesión a los separatistas para que volvieran al autonomismo a cambio de impunidad: la fiscalía resultaría así Procorrupción por “sentido de Estado”, no Anticorrupción.