El Concello de Vigo, y por tanto su gobierno, o lo que es lo mismo, su alcalde, tiene una oportunidad de oro para hacerse notar y de verdad pasar de las palabras a las acciones. Maersk se irá dentro de un mes a Marín a operar desde una terminal marítima que los tribunales han declarado ilegal en sentencia firme y no recurrible. Es más, el fallo del Tribunal Supremo y los autos aclaratorios del Tribunal de Galicia han sido rotundos declarando que se trata de una superficie ilegal, de 300.000 metros cuadrados, y que la Autoridad Portuaria de la ría de Pontevedra no tiene otro camino que no sea desmontar el relleno y restaurar la situación actual. Parece complejo de realizar pero eso es lo que han dictado los jueces en sentencia de obligado cumplimiento por las instituciones responsables. La Autoridad Portuaria de Vigo ya se dirigió a su inmediato superior, Puertos del Estado, para que impida al Puerto de Marín usar la explanada ilegal, además de exigir que haya una competencia en las mismas condiciones: en Vigo hay una sociedad de estiba con más de 120 trabajadores y en Marín en cambio apenas hay un pequeño grupo, por lo que la contratación de operarios es en la práctica libre. Y eso supone una reducción brusca de los costes.
Vigo tiene razón en lo segundo, y es un asunto que Puertos del Estado tendrá que resolver. En cuanto a los primero, han sido los jueces los que han dictado resoluciones contundentes, que tendrían que ser aplicadas.
Es cierto que el origen del problema se encuentra en la deficitaria defensa que hizo la empresa Termavi, que opera en Guixar, ante la subasta de los servicios de Maersk. Pero llegados a este punto, toca echar el resto. Y eso pasa por que el ayuntamiento utilice su equipo jurídico para intentar evitar que el puerto de la ría de Pontevedra pueda utilizar una terminal ilegal en perjuicio de los intereses de Vigo. Como decían los británicos, no hay amigos ni enemigos permanentes sino intereses permanentes.
