La falta de coincidencia entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la política es una de las causas del desconcierto ciudadano cuando se trata de enjuiciar los casos de presunta corrupción. Esa disonancia es inevitable puesto que la justicia tiene que velar por las garantías de quienes pueden verse o son imputados. Pero ese no es caso del control político, y las respuestas parlamentarias pueden contribuir a llevar tranquilidad a la ciudadanía mientras se resuelven los asuntos en el terreno judicial. Cuando la dilación de la justicia se hace excesiva y se hurtan las explicaciones al Parlamento la sociedad se encuentra entonces desguarnecida sin que sus preocupaciones obtengan respuestas de ningún tipo.
Que la Fiscalía Anticorrupción se haya opuesto a la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy ante el juez Pablo Ruz que instruye el caso Bárcenas por considerar que no es el momento procesal oportuno tiene toda su lógica, porque el ministerio público se encuentra a la espera de dos informes periciales para saber si los donativos a los empresarios y los pagos a los altos cargos del PP de la contabilidad B pudieron ser constitutivos de delito por su cuantía y porque no hayan sido declarados a Hacienda y si ha habido cohecho y tráfico de influencias, por si a las donaciones de los empresarios al PP le siguieron adjudicaciones de obras públicas por parte de administraciones gobernadas por ese partido. Ahora bien, el juez ya cuenta con el testimonio de Bárcenas que ha corroborado de la fecha a la cruz todos los datos y nombres que aparecen en sus papeles, e incluso el juez ha validado los apuntes que hacen referencia a Eugenio Nasarre, Pío García Escudero o Jaime Ignacio del Burgo, entre otros, y ha llamado como testigos a tres secretarios generales del PP Álvarez Cascos, Arenas y Cospedal- porque sus nombres aparecían en los documentos en manos del juez, y por tanto no hay motivo para que no se proceda de la misma forma con otros como Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja, de quienes una de las partes ha solicitado su testimonio junto con el de Rajoy, a quien Bárcenas asegura haber dado en dos ocasiones dinero en efectivo, además de las anotaciones que aparecen en sus papeles.
A la vista de los informes la Fiscalía Anticorrupción decidirá si es el momento procesal oportuno, o se cierne sobre ella la sombra de la jerarquía de la Fiscalía General y le ordena que deje al presidente del Gobierno al margen del caso. Claro que, como en otras ocasiones en este proceso, el juez puede hacer caso omiso de la recomendación de la fiscalía y proceder como estime oportuno incluso dando la razón a quienes quieren escuchar el testimonio de Rajoy en sede judicial.
Entretanto Mariano Rajoy y su partido, que insisten en que no hay nada más que decir llevan su empeño hasta el punto de impedir el debate de sendas mociones consecuencia de interpelaciones anteriores, una circunstancia que nunca se había dado con anterioridad. . Y aunque se trate de un subterfugio para reprobar al presidente del Gobierno no previsto en el Reglamento del Congreso, la cerrazón que esgrime el PP con su mayoría absoluta está dando lugar a muestras de filibusterismo que no hacen sino poner de manifiesto el miedo de los dirigentes del PP, según la oposición. para clarificar en sede parlamentaria que el jefe del Ejecutivo no miente en nada relacionado con el extesorero y para ello han levantado un cinturón sanitario a su alrededor, en perjuicio del control democrático .
