El juez José Castro ha concluido la mayor parte del trabajo sobre el caso Nóos con el mantenimiento de la imputación sobre la infanta Cristina de un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de dinero, y de seis más para su esposo Iñaki Urdangarín por las actividades de la empresa Aizóon que ambos compartían en propiedad al cincuenta por ciento.
Se trata de un punto y seguido porque ahora llega la etapa de los recursos anunciados por todas y cada una de las partes actuantes en el proceso, de tal forma que será la Audiencia Provincial de Palma quien tomará la decisión definitiva sobre el procesamiento de la hermana del rey Felipe VI. Este órgano judicial ya se pronunció en una ocasión anulando la imputación de la infanta y remitiendo la causa nuevamente al juez para que prosiguiese la investigación, y el juez se lo tomó tan en serio que sus nuevas aportaciones derivaron en una confirmación de la imputación que ya nadie recurrió y que tuvo como colofón que por primera vez una infanta de España declarara ante un juez.
Tras la conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el plano procesal puede ocurrir cualquier cosa. El auto del juez Castro está fundamentado en una serie de datos y hechos que parecen incontrovertibles respecto al conocimiento que la infanta habría tenido de la procedencia del dinero que ingresaba su marido en la empresa común, pero el fiscal del caso, informes de Hacienda mediantes, parece inclinarse por que el juez ha iniciado una cacería de la infanta por tratarse de quién es y da validez a la argumentación de la ignorancia por amor que subyace en la defensa de doña Cristina. Y el tribunal de Palma ha de decidir si a la infanta Cristina le aplica la “doctrina Botín” o la “doctrina Atutxa” cuando es sólo la acción popular la que mantiene la acusación. Espadas en alto y a esperar.
Los Duques de Palma, en el plano familiar, han manifestado su pesar porque tras la imputación habían sido retirados de las actividades oficiales y han considerado que el nulo apoyo recibido -actuación “no ejemplar”, “el martirio”- ha supuesto una condena por anticipado -el mismo argumento utilizado por Magdalena Álvarez al dar cuenta de su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones-, a pesar de que la imputación se entiende como una medida que puede favorecer la defensa del señalado. Pero es cierto que la presión social va en la dirección que los imputados renuncien a sus prebendas aunque siempre cabe la posibilidad de que se haya cometido una injusticia. Por su parte doña Sofía ha actuado como madre reina y ha visitado a su hija en Ginebra días antes de la confirmación de la imputación, en un gesto de apoyo que antes del pasado día 19 hubiera tenido una lectura bien distinta.
En el plano político, desde La Zarzuela se ha puesto distancia con los Duques de Palma y se ha mostrado un escrupuloso respeto con la decisión judicial en línea con lo manifestado por don Felipe en su discurso de proclamación y la actitud mantenida hacia su hermana y su cuñado en los últimos años. De la evolución de los acontecimientos y si acaba sentándose en el banquillo se podría seguir la renuncia de la infanta Cristina a sus derechos sucesorios. Sea cual sea la decisión procesal el daño causado por el caso Nóos ya está hecho: o se pondrá en duda la acción de la justicia si la infanta no es procesada y los efectos sobre la Corona a la vista están.
